
La investigación busca establecer posibles responsabilidades por la prescripción de más de 8.000 facturas cuya cartera superaba los 360 días.
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $12.873 millones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., relacionado con la prescripción de acciones de cobro correspondientes a cartera de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.
La actuación se originó a partir de un hallazgo fiscal que evidenció que la entidad contaba con 60.093 facturas con cartera superior a 360 días.
De ese total, 8.030 facturas, por un valor de $12.873.282.115, habrían prescrito, lo que significó la pérdida de la posibilidad de recuperar estos recursos mediante las acciones de cobro previstas en la ley.
Según el organismo de control, el proceso permitirá establecer si existieron fallas en el seguimiento y la recuperación de la cartera, así como en la implementación oportuna de las acciones necesarias para evitar la prescripción de las cuentas por cobrar.
La investigación también busca determinar si posibles actuaciones u omisiones en la gestión de recuperación de estos recursos ocasionaron un daño al patrimonio público.
“La apertura de esta actuación nos permite determinar si existieron actuaciones u omisiones que ocasionaron la pérdida de recursos públicos. Nuestro objetivo es proteger el patrimonio de los bogotanos y garantizar que las investigaciones se adelanten con pleno respeto por el debido proceso y el derecho de defensa”, afirmó Diego Alexánder Samudio, subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.
La Contraloría de Bogotá aclaró que, con la apertura del proceso, se iniciará la etapa correspondiente para establecer las posibles responsabilidades fiscales de los involucrados, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
El organismo de control continuará adelantando las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias en las que se produjo la prescripción de las acciones de cobro y establecer si hubo responsables por la pérdida de los recursos públicos.