- El hallazgo de mayor cuantía se determinó por valor de $9.151 millones y se estableció por la ejecución del contrato de construcción de la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell del municipio de El Banco. A la fecha el establecimiento es una obra inconclusa y se encuentra abandonada.
- Además, en el convenio suscrito por el Distrito de Santa Marta para apoyar el desarrollo de las fiestas del mar, se observó que no existe evidencia documental suficiente que soporte el cumplimiento y ejecución total del objeto contractual, lo cual genera un posible hallazgo fiscal por $5.206 millones.
- De otra parte, en el Contrato 0792 de 2024 del Programa de Alimentación Escolar suscrito por el departamento del Magdalena, se encontró que no hay soportes que justifiquen los pagos por concepto de intereses realizados por el operador, lo que ocasiona presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones.
Bogotá, 17 de febrero de 2026.- La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, realizó Auditoría de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, Educación y Programa de Alimentación Escolar – PAE e Infraestructura Educativa del departamento de Magdalena y Distrito de Santa Marta para la vigencia 2024, en la que determinó hallazgos fiscales por $17.394 millones.
En relación con los hallazgos fiscales detectados en el proceso auditor, se constató que la Institución Educativa Departamental Agropecuario Mitsilou Campbell en el municipio de El Banco se encuentra abandonada, por lo cual se configura un daño patrimonial por la inversión pública realizada en una infraestructura inconclusa y en deterioro progresivo, ocasionando la falta de cumplimiento del servicio contratado y la consecuente pérdida de recursos por $9.150 millones. Esta situación obedece a incumplimientos reiterados del contratista y a deficiencias en la gestión contractual del FFIE, que no garantizó la terminación ni adoptó medidas efectivas frente a los riesgos financieros del contratista, pese a las sucesivas suspensiones y mesas de seguimiento. Asimismo, se evidencia falta de seguimiento efectivo por parte de la Gobernación del Magdalena como entidad beneficiaria del proyecto.
De otra parte, en el Distrito de Santa Marta se celebró el Convenio RE ESAL-004-2024, con el objeto de “Apoyo para el desarrollo de las fiestas del mar para el fortalecimiento de las artes la cultura y los saberes rumbo a los 500 años”, sin embargo, se observó que algunas de las actividades relacionadas en el informe final rendido por el contratista, en el que se establece que el convenio fue ejecutado 100%, no existe evidencia documental suficiente que soporte el cumplimiento y ejecución total del objeto contractual.
por lo anterior no se puede verificar la ejecución real de las actividades contratadas, el cumplimiento del objeto del convenio y la correcta aplicación de los recursos públicos lo cual genera un posible hallazgo fiscal por $5.206 millones. Esta situación se origina por la falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero adecuado por parte de la Secretaría de Cultura Distrital.
Igualmente, en el departamento de Magdalena, se generó un detrimento patrimonial por $818.367.939 al considerar que la entidad territorial certificada canceló con recursos del Sistema General de Participaciones – Prestación de Servicios Educativos, los salarios y demás estipendios a nueve (9) docentes de planta que contaban con permiso sindical permanente, sin que estos desarrollaran durante la vigencia 2024 las funciones docentes inherentes al cargo que desempeñan. Lo anterior, por no aplicar los criterios de necesidad, oportunidad y razonabilidad que la jurisprudencia ha señalado para su concesión, evidenciando debilidades de seguimiento y control oportuno al proceso de liquidación y pago de nómina al personal de planta del ente territorial, con novedades administrativas inobservando la legislación referente a los permisos sindicales permanentes.
Adicionalmente, en el análisis del desarrollo del Contrato 0792 de 2024 del Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Magdalena, se encontró que no hay soportes que justifiquen los pagos por concepto de intereses realizados por el operador.Además, la interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, encargada de supervisar aspectos financieros, no menciona estos pagos. También se identificaron movimientos bancarios en la cuenta de la UT PAE Magdalena por un total de $1.000.000.000 realizados en fechas cercanas, sin soportes claros para dichas transacciones. Estas situaciones se derivan de la aplicación de recursos públicos a una obligación privada y de pagos sin soporte legal ni contable que obedecen a la deficiente supervisión y control financiero por parte del departamento del Magdalena y la interventoría, ocasionando presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones.
La Contraloría General de la República continuará supervisando y verificando además de las acciones correctivas planteadas por el departamento de Magdalena y el Distrito Especial de Santa Marta, para subsanar las falencias y debilidades evidenciadas en este proceso auditor, las medidas efectivas para mejorar la gestión financiera y administrativa en beneficio de la comunidad.