La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, enfrenta una nueva audiencia ante el Juzgado 8 Especializado de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación le presentó formalmente el escrito de acusación por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Actualmente, Ortiz permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de Bogotá y niega su participación en los hechos.
Detalles de la Acusación
La Fiscalía acusa a Ortiz de ser pieza clave en un entramado criminal en el que se habrían desviado recursos públicos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira, región afectada por la escasez de agua potable.
Según la investigación:
- En octubre de 2023, Ortiz recibió una suma cercana a 3.000 millones de pesos entregados por los exdirectivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López.
- «Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, transportado y entregado la suma al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez. Los dineros corresponderían al pago de coimas»: Fiscalía General de la Nación
- Ese dinero habría sido transportado y entregado al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, como pago de coimas para obtener favores políticos y apoyo legislativo en proyectos del Gobierno de Gustavo Petro.
- La Fiscalía señala que Ortiz actuó como enlace entre Carlos Ramón González, director del Dapre y miembro del partido Alianza Verde (al igual que Ortiz), e Iván Name, coordinando pagos y encuentros en Bogotá entre septiembre y diciembre de 2023.
Otros procesados
Además de Ortiz, ya han sido imputados y procesados por la justicia otros implicados en la red:
- Olmedo López, exfuncionario.
- Iván Name, expresidente del Senado.
- Sneyder Pinilla, exdirectivo de la UNGRD.
- Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y exdirector de la DNI, quien huyó del país y es señalado como cerebro del esquema criminal.
Excepto González, todos los demás están detenidos mientras avanza el proceso.
🕙 En desarrollo: Minuto a minuto del juicio
- Sandra Ortiz se encuentra conectada de manera virtual a la audiencia de acusación desde su sitio de reclusión.
- Intervinieron representantes de entidades víctimas, como la Contraloría General, la UNGRD y el veedor Pablo Bustos, quien representa a la comunidad de La Guajira afectada por el desvío de recursos.
- El fiscal delegado, Gabriel Sandoval, quien actúa en esta diligencia, apoyó el reconocimiento de la Contraloría y la UNGRD como víctimas.
- La Procuraduría apoyó el reconocimiento de Bustos y la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que facilitó el vehículo en el que se habrían cometido algunos ilícitos.
Declaraciones de Sandra Ortiz y su defensa
Ortiz ha mantenido su inocencia y ha calificado las acusaciones como parte de un complot político. En declaraciones recientes:
- Afirmó ser víctima de un «show» mediático para desviar la atención y proteger a otros actores políticos.
- Señaló que conoce nombres de personas cercanas a la Casa de Nariño implicadas en el esquema, sin revelar detalles específicos.
La defensa solicitó que se le concediera detención domiciliaria, petición que fue negada por el Juzgado 21 de Conocimiento de Bogotá el 24 de enero, ratificando que Ortiz debe continuar privada de la libertad durante el proceso.
Próximos Pasos del Proceso Judicial
- Se espera que en los próximos días la Fiscalía también cite a juicio al exministro Ricardo Bonilla, implicado en otro capítulo del mismo entramado ilegal.
- Ortiz será llevada a juicio formalmente tras la lectura del escrito de acusación.
- La investigación y el proceso judicial continúan avanzando con nuevas audiencias y posibles imputaciones.
Resumen
| Acusada | Sandra Liliana Ortiz Nova |
|---|---|
| Delitos | Lavado de activos, tráfico de influencias |
| Contexto | Corrupción en la UNGRD y pago de coimas a congresistas |
| Monto involucrado | 3.000 millones de pesos en sobornos |
| Estado judicial | Detenida en Escuela de Carabineros, audiencia en curso |
| Presuntos cómplices | Iván Name, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Carlos Ramón González (fugado) |
El contexto del caso UNGRD
Este escándalo se enmarca en la investigación sobre el desvío de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de 40 carrotanques para La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la crisis del agua. Las autoridades han detectado serias irregularidades en los contratos de la UNGRD, lo que derivó en un desfalco millonario que involucra tanto a funcionarios del gobierno como a actores políticos del Congreso.
«En Bogotá, entre septiembre y de diciembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por 60.000 millones a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado Iván Name; por un valor superior a los 10.000 millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz. Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos, y a Calle de 1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la UNGRD, que Olmedo López entregaría«, fiscal María Cristina Patiño en una audiencia anterior
En este contexto, la Fiscalía ha vinculado a varios personajes del entorno político, incluidos Iván Name y Andrés Calle, presidente de la Cámara, quienes habrían sido beneficiarios de los sobornos a cambio de favores en la aprobación de proyectos gubernamentales.
La exconsejera, quien no ha aceptado los cargos, en una audiencia reciente defendió su inocencia, asegurando que era víctima de un complot orquestado por una figura poderosa dentro del gobierno de Petro, a quien no identificó. Según Ortiz, este complot fue diseñado para crear un «chivo expiatorio» y desviar la atención hacia ella, mientras otros personajes cercanos al poder quedaban fuera del radar.
Vea la audiencia y decisión de negar la detención domiciliaria a Sandra Ortiz aquí:
¿Quién es Sandra Ortiz? Ex consejera Presidencial vinculada por caso de corrupción UNGRD?
Sandra Liliana Ortiz Nova, nacida el 6 de marzo de 1977 en Paz de Río, Boyacá, es una reconocida política colombiana afiliada al Partido Alianza Verde.
Ortiz inició su carrera política a nivel local, pero su impacto a nivel nacional se consolidó tras ser elegida Representante a la Cámara por Boyacá en el periodo 2014-2018, bajo las banderas del Partido Verde. Durante su gestión, se destacó por haber obtenido 9.862 votos, la mayor votación del departamento en esas elecciones. Este respaldo le permitió dar un salto al Senado de la República en las elecciones legislativas de 2018, donde alcanzó una curul con 27.176 votos.
En el Congreso, Sandra Ortiz ocupó posiciones de relevancia, como la Vicepresidencia de la Cámara de Representantes, además de ser miembro de la Comisión Tercera de Impuestos y Presupuesto.
Tras finalizar su paso por el Senado en 2022, Sandra Ortiz fue nombrada en mayo de 2023 como Consejera Presidencial para las Regiones en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, su trayectoria política se ha visto empañada por los recientes señalamientos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ortiz ha sido vinculada como presunta emisaria de sobornos multimillonarios, lo que ha derivado en su citación a una imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Este caso la ha convertido en la primera alta funcionaria del gobierno Petro en ser procesada formalmente por corrupción.
Sandra Ortiz fue enviada el 18 de diciembre a detención en una guarnición militar, medida que había sido apelada por la defensa de Sandra Ortiz, quien solicitó que se le permitiera cumplir su medida de aseguramiento en su domicilio, alegando que la exconsejera no representa un riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. Sin embargo, la jueza consideró que, dados los elementos presentados por la Fiscalía, existía una «inferencia razonable de autoría o participación» en los graves delitos imputados que afectan el patrimonio del Estado, lo que justificaba su permanencia en prisión preventiva.
El caso de la UNGRD es uno de los más complejos que ha enfrentado el gobierno actual, no solo por la magnitud de los recursos malversados, sino por la implicación de figuras políticas clave
