El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado una drástica reducción en la jornada laboral para los empleados públicos de Venezuela, limitándolos a solo 13,5 horas a la semana, en un intento por hacer frente a la grave crisis energética que afecta al país. Los trabajadores del sector público solo tendrán que laborar tres días a la semana, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., lo que representa una disminución significativa de las 40 horas tradicionales.
La medida, que se aplicará durante seis semanas, afecta a todos los ministerios, gobernaciones, alcaldías y otros entes del Estado. El gobierno justifica esta decisión como una respuesta a una “emergencia climática” que ha provocado una disminución crítica de los niveles de agua en los embalses de la región andina, esenciales para la generación de energía eléctrica. La hidroeléctrica de Guri, que produce el 80% de la electricidad del país, se ha visto especialmente afectada por la sequía.
En un comunicado oficial, el gobierno de Maduro explicó que la medida busca reducir el consumo eléctrico en un país ya golpeado por constantes racionamientos de energía. “Producto de la emergencia climática, que ha conllevado al aumento de temperaturas a escala mundial, estamos haciendo frente a un evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina”, expresó el gobierno.
Además de la reducción de la jornada laboral, se implementará un sistema denominado «1×1», en el cual los trabajadores alternarán un día laborable con un día no laborable, con el fin de reducir aún más el consumo de energía. Este esquema busca que la mayor parte de la población se quede en casa en días no laborales, con el fin de mitigar el consumo energético en horarios de alta demanda.
La medida ha sido recibida con cierto alivio por parte de los empleados públicos, que celebran la reducción de la carga laboral en un contexto de crisis económica y social. Sin embargo, algunos sectores han expresado su preocupación sobre el impacto en la productividad y los servicios públicos esenciales, que ya enfrentan serios problemas de operatividad.
Los expertos, por su parte, han señalado que la crisis energética no solo es producto de factores climáticos, sino también de la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura energética del país. Durante años, la escasa inversión en mantenimiento y modernización de las plantas hidroeléctricas ha contribuido al colapso del sistema.
A pesar de las medidas, el sector educativo no se ve afectado, ya que los docentes ya enfrentan horarios intermitentes debido a la escasez de personal y los bajos salarios. Además, el Ministerio de Energía Eléctrica ha instado a la población a adoptar medidas de ahorro energético, como ajustar la temperatura de los aires acondicionados a 23°C y desconectar dispositivos electrónicos cuando no estén en uso.
Si la situación energética no mejora en las próximas semanas, el gobierno podría implementar nuevas restricciones y medidas adicionales. Mientras tanto, los empleados públicos deberán completar su jornada laboral con labores comunitarias en las llamadas «salas de autogobierno comunal», una medida que busca involucrar a la población en tareas relacionadas con el fortalecimiento de la organización social y la participación política.