La implementación del nuevo sistema de salud para los profesores del Magisterio y sus beneficiarios ha desencadenado una ola de quejas y preocupaciones.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades responsables para que tomen medidas inmediatas ante la deficiente atención que están recibiendo los educadores en las sedes de la Fiduprevisora.
Desde que se puso en marcha este modelo de atención, los maestros han reportado múltiples fallas, especialmente en casos que requieren atención inmediata, como los pacientes crónicos, oncológicos y aquellos con enfermedades raras. Las quejas han sido numerosas y contundentes: los correos electrónicos de contacto rebotan, las plataformas de quejas no funcionan adecuadamente y no existen canales efectivos para expresar sus necesidades.
Tan solo unos días después de que fuera implementado el nuevo modelo de atención en salud para quienes están vinculados al Magisterio y sus familiares, y dados los inconformismos que los educadores nos han venido dando a conocer, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, encargado de liderar el proceso de transición, debe poner en marcha un plan estructural”, indica Camargo Assis.
En un pronunciamiento reciente, subrayó la importancia de evitar la improvisación en un área tan crítica como la salud. “Repentizar puede desencadenar en episodios de salud que podrían incluso complicarse, pasar a situaciones críticas”, haciendo hincapié en la urgencia de implementar un plan estructural que garantice una transición ordenada y eficiente.
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Para abordar esta crisis, Camargo Assis ofreció como solución temporal las 42 Defensorías Regionales distribuidas en todo el país, comprometiéndose a recibir y gestionar las quejas de los docentes. Sin embargo, insistió en que la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) deben garantizar canales de atención apropiados y eficaces de manera inmediata.
La situación es preocupante, dado que alrededor de 819.000 maestros del Magisterio dependen de este sistema de salud. Los reportes de atención deficiente y las quejas no atendidas han generado un ambiente de incertidumbre y desesperación entre los educadores. “
Es primordial una mayor cobertura, calidad, eficacia y flexibilidad en la prestación de los servicios, con la finalidad de que el derecho fundamental a la salud de los profesores y sus beneficiarios no continúe siendo vulnerado”, enfatizó Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo ha reafirmado su compromiso de seguir de cerca este proceso y garantizar que se implementen las mejoras necesarias para proteger los derechos de los docentes y sus familias. La comunidad educativa espera soluciones rápidas y efectivas para superar esta crisis que afecta gravemente su calidad de vida.
