La diligencia, que será mixta, se realizará a las 9:00 a. m. y definirá la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía dentro del escándalo de corrupción en la UNGRD.
El Tribunal Superior de Bogotá fijó para este lunes 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez. Ambos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro están investigados dentro del proceso por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal, según el auto firmado por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, quien atendió la solicitud presentada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La citación ordena convocar a los procesados, a sus defensores, a los representantes de víctimas y al delegado del Ministerio Público.
La diligencia se realizará en modalidad mixta: podrán asistir presencialmente a las salas de audiencia del Tribunal en la Avenida La Esperanza, o conectarse de manera virtual quienes se encuentren fuera de Bogotá.
Los cargos que prepara la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación confirmó que pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario para Bonilla y Velasco por los delitos de:
- Concierto para delinquir agravado
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Cohecho por dar u ofrecer
El ente acusador sostiene que ambos habrían participado en un esquema de direccionamiento de contratos en la UNGRD durante 2023, a través de reuniones, acuerdos, presiones y gestiones que buscaban, presuntamente, beneficiar a congresistas a cambio de apoyos políticos para cupos indicativos en el Congreso.
Con la vinculación formal de los dos exministros, ya son seis exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro llamados a responder ante la justicia por este entramado.
Las acusaciones contra el exministro del Interior Velasco
En el caso de Luis Fernando Velasco, la Fiscalía señala que habría intervenido activamente en la orientación de contratos que la UNGRD impulsaba bajo la dirección de Olmedo López y de su entonces subdirector, Sneyder Pinilla, ambos ya procesados en este macrocaso.
El expediente judicial recopila reuniones sostenidas en 2023 en las que se habría diseñado un plan para favorecer a congresistas mediante convenios financiados con recursos de la entidad. Uno de los proyectos mencionados por la Fiscalía habría sido gestionado en Sahagún, Córdoba, donde, presuntamente, existían intereses del congresista Julio Elías Chagüi.
En una audiencia previa, el ente investigador señaló que Velasco habría solicitado a López direccionar contratos por 35.000 millones de pesos para beneficiar al parlamentario. La coordinación de estas gestiones, según la investigación, se habría hecho a través de contactos compartidos por WhatsApp. Posteriormente, Pinilla habría sostenido reuniones con funcionarios de la alcaldía de Sahagún para avanzar en trámites del proyecto, aunque estos no llegaron a adjudicarse.
Los señalamientos contra el exministro de Hacienda Bonilla
El exministro Ricardo Bonilla, por su parte, es señalado de haber impulsado de manera irregular tres proyectos en los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, por un valor total de 92.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía, estos convenios tendrían como presuntos beneficiarios a la congresista Karen Manrique y otros parlamentarios. Aunque los contratos no se firmaron, al menos seis personas ya han sido judicializadas en la Corte Suprema de Justicia en este capítulo del escándalo, lo que refuerza el peso de la imputación que ahora prepara el ente acusador.
La citación de Bonilla ya había sido anticipada por la Fiscalía semanas atrás, mientras que la de Velasco se concreta formalmente ahora tras la radicación de la solicitud ante el Tribunal.
Ambos exministros han señalado públicamente estar dispuestos a atender cualquier requerimiento de la justicia y han negado categóricamente haber intervenido en actos irregulares.
Lo que viene en la audiencia del lunes
Durante la diligencia del 1 de diciembre, la Fiscalía presentará ante el Tribunal los elementos de convicción que sustentan la imputación y expondrá los riesgos para pedir medida de aseguramiento: eventual obstrucción a la justicia, posible reiteración delictiva o riesgo para la comunidad.
Las defensas podrán controvertir la validez de las evidencias, cuestionar la necesidad de la medida intramural o solicitar alternativas como detención domiciliaria o medidas no privativas de la libertad.
El Tribunal, tras escuchar a las partes, definirá si decreta o no la medida de aseguramiento.