Con 65 votos por el No y 17 por el Sí, la plenaria rechazó la moción contra el general (r) Jorge Eduardo Mora. La oposición cuestionó la planeación de los ataques aéreos y las medidas adoptadas para determinar si había menores reclutados en los campamentos. El ministro defendió la legalidad de las operaciones, aseguró que estuvieron precedidas de inteligencia y asesoría jurídica y responsabilizó a los grupos armados del reclutamiento de niños y adolescentes.
BOGOTÁ — El general retirado Jorge Eduardo Mora continuará al frente del Ministerio de Defensa después de que la plenaria del Senado negara este miércoles 23 de septiembre la moción de censura promovida en su contra por los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares en los que han muerto menores de edad reclutados por organizaciones armadas.
La votación terminó con 65 votos por el No y 17 por el Sí. Con ese resultado, la oposición no consiguió la mayoría necesaria para separar al ministro de su cargo.
La iniciativa había sido promovida principalmente por congresistas del Pacto Histórico, quienes responsabilizaron políticamente al jefe de la cartera de Defensa por la planeación y supervisión de operaciones aéreas, particularmente la ejecutada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, donde murieron diez personas y posteriormente Medicina Legal determinó que tres eran menores de edad.
La votación: 65 contra 17
La decisión fue contundente.
De los senadores que participaron en la votación, 65 rechazaron la moción de censura y 17 votaron a favor.
El resultado permitió que Mora permanezca en el Ministerio y representó un respaldo político mayoritario a su continuidad, aunque no resuelve el debate jurídico y humanitario alrededor de las operaciones aéreas en las que exista riesgo de presencia de menores reclutados.
La votación ocurrió después de que el ministro compareciera ante el Senado acompañado por integrantes de la cúpula militar y defendiera durante horas las decisiones operacionales adoptadas desde que asumió el cargo.
¿Por qué buscaban sacar al ministro Mora?
El centro de la controversia fue la denominada Operación Amón, desarrollada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare.
El objetivo era una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias asociadas a alias ‘Calarcá’.
Según el Ministerio de Defensa, inteligencia militar había establecido la existencia de tres zonas campamentarias en inmediaciones del río Inírida y la presencia de integrantes de esa organización armada.
La operación dejó diez personas muertas.
Inicialmente las autoridades informaron que se trataba de integrantes de la estructura armada. Sin embargo, cuando los cuerpos llegaron al Instituto Nacional de Medicina Legal comenzó el proceso de identificación.
El 30 de agosto, Medicina Legal informó que había logrado identificar nueve de los diez cuerpos.
Entre ellos había tres menores de edad.
Posteriormente se estableció que se trataba de dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años.
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Los cuestionamientos: ¿sabían que había menores?
La discusión política no se concentró únicamente en el resultado del bombardeo.
Los congresistas que impulsaron la moción plantearon una pregunta central: ¿qué sabía la inteligencia militar sobre la presencia de menores antes de autorizar el ataque?
La proposición cuestionó que no se hubiera explicado suficientemente qué información tenían las Fuerzas Militares sobre la composición del campamento y qué precauciones se tomaron para evitar la muerte de niños y adolescentes reclutados.
También preguntaron si existían alternativas como cercar el campamento, intentar capturas o desarrollar otro tipo de operación antes de recurrir al ataque aéreo.
Para los promotores de la moción, los menores reclutados deben ser reconocidos como víctimas del reclutamiento ilícito y sujetos de especial protección.
“Si se llevaban seis meses de inteligencia…”
Uno de los cuestionamientos más fuertes durante el debate fue formulado por el senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico.
El congresista cuestionó que, si la operación estaba respaldada por meses de inteligencia, no se hubiera determinado previamente la presencia de adolescentes.
“Si se llevaban seis meses de inteligencia sobre ese sitio, más alertas todavía”, afirmó.
Benavides pidió que las operaciones cumplan estrictamente la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario y sostuvo que deben reforzarse los mecanismos destinados a impedir que menores reclutados terminen muertos durante ataques de la Fuerza Pública.
Mora: “Aquí no hay improvisación”
El ministro rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta falta de planeación.
Durante su comparecencia aseguró que las operaciones aéreas pasan por procedimientos de inteligencia, planeamiento militar y evaluación jurídica antes de recibir autorización.
“Aquí no hay improvisación”, afirmó Mora.
Según explicó, la operación de Guaviare partió de información de inteligencia sobre un campamento perteneciente a un grupo armado y sobre personas que, de acuerdo con las Fuerzas Militares, desarrollaban una “función continua de combate”.
El ministro sostuvo además que el ataque fue analizado bajo los principios de necesidad militar, distinción, proporcionalidad y precaución, contemplados en el Derecho Internacional Humanitario.
“La condición de víctimas no está en discusión”
Mora reconoció durante el debate que los niños y adolescentes reclutados por organizaciones armadas son víctimas.
“La condición de víctima de los niños, niñas y adolescentes utilizados por estas estructuras no está en discusión”, señaló.
Sin embargo, defendió que las Fuerzas Militares actúan contra objetivos militares identificados con la información disponible al momento de planear una operación.
El Ministerio ha sostenido que los tres adolescentes muertos en Guaviare estaban integrados a la estructura armada y desarrollaban funciones de combate. Esa posición ha sido cuestionada por sectores políticos y organizaciones que reclaman mayores precauciones frente a menores víctimas de reclutamiento.
“¿Acción u omisión?”
Durante la moción, Mora planteó que suspender las operaciones simplemente porque las estructuras armadas reclutan menores podría terminar otorgándoles una ventaja militar.
“¿Qué exige el deber constitucional de proteger a los colombianos: la acción o la omisión?”, preguntó.
Y agregó:
“La respuesta no puede ser paralizar al Estado, porque eso generaría un incentivo perverso y premiaría al criminal que viola el Derecho Internacional Humanitario reclutando niños”.
Para el ministro, la responsabilidad principal recae sobre las organizaciones que reclutan y utilizan menores dentro de sus estructuras.
“No podemos atar de manos a la Fuerza Pública”
La posición del ministro encontró respaldo entre congresistas que rechazaron la moción.
El senador Wilder Escobar sostuvo que limitar este tipo de operaciones podría afectar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones armadas.
“Hoy, más que nunca, no podemos atar de manos a la Fuerza Pública en Colombia”, manifestó.
Escobar argumentó que el país necesita recuperar el control territorial y atribuyó a las organizaciones ilegales la responsabilidad por utilizar niños y adolescentes en sus filas.
La oposición cuestionó la doctrina utilizada
Los congresistas que respaldaron la censura sostuvieron una interpretación distinta.
Su argumento fue que la condición de integrante de una estructura armada no elimina automáticamente las obligaciones reforzadas que tiene el Estado frente a menores reclutados.
Durante el debate también se discutió el concepto de “función continua de combate”, utilizado por las Fuerzas Militares para explicar por qué quienes integraban el campamento podían constituir objetivos militares.
Los promotores de la moción cuestionaron que esa consideración se hubiera aplicado a adolescentes reclutados sin que, según ellos, se hubiera explicado suficientemente qué información existía antes de la operación.
Los otros bombardeos que entraron en el debate
Aunque la Operación Amón fue el episodio central, la controversia se extendió a tres bombardeos realizados durante las primeras semanas del Gobierno.
El primero ocurrió el 10 de agosto en Catatumbo, Norte de Santander, contra estructuras del ELN.
El segundo fue la Operación Amón, el 27 de agosto en El Retorno.
El tercero se desarrolló el 30 de agosto, también en Guaviare, contra estructuras de las disidencias encabezadas por alias ‘Iván Mordisco’.
Las cifras sobre menores muertos variaron a medida que avanzaron las identificaciones forenses. Medicina Legal confirmó oficialmente tres menores en la Operación Amón, mientras otros reportes documentaron menores fallecidos en otros ataques. Durante el debate político, congresistas opositores afirmaron que el balance acumulado llegaba a seis menores.
Por eso es importante diferenciar las cifras: tres menores están oficialmente confirmados por Medicina Legal entre los diez cuerpos de la Operación Amón del 27 de agosto.
Un menor fue recuperado con vida
Otro elemento utilizado por los congresistas que promovieron la moción fue que durante la misma operación hubo un menor que sobrevivió y posteriormente quedó bajo protección estatal.
Los promotores utilizaron ese hecho para argumentar que los adolescentes reclutados deben ser tratados prioritariamente como víctimas y sometidos a procesos de restablecimiento de derechos cuando quedan bajo control de las autoridades.
Los resultados operacionales que presentó Mora
El ministro aprovechó su comparecencia para presentar un balance de las primeras semanas de su administración.
Según las cifras entregadas por Mora, en sus primeros 45 días de gestión las operaciones de la Fuerza Pública habían permitido afectar a 28 cabecillas, liberar 25 personas secuestradas y recuperar 43 menores de edad que estaban siendo utilizados por estructuras criminales.
Mora insistió en que las Fuerzas Militares mantendrán las operaciones ofensivas.
También aseguró que, mientras se desarrollaba la sesión en el Capitolio, las tropas sostenían cuatro combates en diferentes regiones.
“Mientras se adelantaba la sesión en el Capitolio, las tropas sostuvieron cuatro combates en tiempo real, dando de baja a cinco integrantes de grupos ilegales, capturando a seis criminales y rescatando a un secuestrado”, afirmó.
La Cámara también debatió una moción
El caso tuvo una particularidad: mientras el Senado tramitaba su moción, la Cámara de Representantes también convocó al ministro por los mismos hechos.
La sesión de la Cámara se realizó el martes 22 de septiembre y se extendió durante más de cuatro horas.
La oposición tuvo una hora para presentar sus argumentos y cuestionó, entre otros puntos, la preparación de la operación y el cumplimiento de la doctrina militar.
Entre los citantes de esa iniciativa figuraron Aída Quilcué, David Toro, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, Laura Daniela Beltrán, Óscar David Benavides y Santiago Osorio, entre otros representantes. El registro oficial de la Cámara relaciona 19 citantes.
En el trámite de la Cámara, Óscar David Benavides figuró entre los principales impulsores de la proposición; la moción había sido presentada por un grupo de congresistas y no por un único “ponente” en el sentido utilizado para un proyecto de ley.
Un debate que continúa pese a la votación
La votación de este miércoles define la responsabilidad política del ministro ante el Senado: la mayoría decidió no censurarlo.
No determina, sin embargo, por sí sola la legalidad de cada operación militar ni resuelve las discusiones jurídicas sobre las precauciones que deben adoptar las Fuerzas Militares cuando exista información sobre menores reclutados.
De hecho, a comienzos de septiembre una jueza había ordenado provisionalmente suspender bombardeos contra objetivos cuando exista información sobre presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados, mientras se resolvía de fondo una acción de tutela.
El debate deja así