Con una votación de 53 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley Estatutaria 050 de 2025, una iniciativa que busca fortalecer la articulación entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura, avanza en el cumplimiento de un mandato constitucional pendiente desde hace más de tres décadas.
La iniciativa constituye un hito para el país, pues por primera vez su construcción se realizó conjuntamente entre el Gobierno nacional, la Rama Judicial, las autoridades de los pueblos indígenas y la academia. El resultado es un texto que reconoce el pluralismo jurídico, promueve la autonomía de las comunidades y establece mecanismos claros para una cooperación efectiva entre jurisdicciones.
El proyecto aprobado establece herramientas específicas para mejorar la coordinación en los territorios. Entre ellas se destacan la creación de espacios permanentes de articulación entre jueces y autoridades indígenas, la implementación de mediadores lingüísticos en lenguas propias, y la adopción de protocolos locales y departamentales para unificar el trabajo en los territorios. Asimismo, se contempla el fortalecimiento de las escuelas de derecho propio y la formación conjunta entre autoridades judiciales y líderes indígenas, además de la publicación de decisiones adoptadas por la jurisdicción indígena para garantizar transparencia y acceso a la información.
El texto también promueve el apoyo técnico y jurídico mutuo entre los dos sistemas de justicia e incorpora principios esenciales del derecho indígena como el respeto mutuo, la interculturalidad y el pluralismo jurídico. Estos elementos, según el Ministerio de Justicia, permitirán avanzar hacia un modelo de justicia más incluyente y respetuoso de la diversidad cultural del país.
“Con esta aprobación avanzamos en el cierre de una deuda histórica con los pueblos indígenas del país. La coordinación entre jurisdicciones es un paso esencial para fortalecer la justicia intercultural, garantizar los derechos de las víctimas y consolidar un sistema judicial plural e incluyente”, afirmó el viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas.
El proyecto también incorpora desarrollos jurisprudenciales de las Altas Cortes y refuerza la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros y equitativos dentro de las comunidades.
Tras superar su segundo debate, la iniciativa continuará su trámite en la Cámara de Representantes, donde deberá surtir dos debates adicionales. El Gobierno destacó que este avance reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con el acceso a la justicia, la autonomía indígena y la construcción de paz desde la diversidad.