El escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo la política colombiana, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, procesada por lavado de activos y tráfico de influencias, estaría dispuesta a negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Con este acercamiento, Ortiz busca atenuar su situación judicial a cambio de información clave sobre los responsables del desvío de recursos públicos, en particular, sobre Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El contexto del caso UNGRD
El caso de la UNGRD gira en torno a la compra de carrotanques para La Guajira, una de las regiones más afectadas por la escasez de agua potable. Según las investigaciones, se desvió un millonario monto de recursos públicos destinados a la compra de estos vehículos para la atención de emergencias, en un entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno y del Congreso de la República.
Sandra Ortiz, quien inicialmente se presentó como víctima de un complot, está ahora en una posición distinta. La exconsejera, detenida desde diciembre de 2024, podría ser la pieza clave para esclarecer los vínculos entre los corruptos dentro del gobierno y el Congreso. En varias declaraciones previas, Ortiz negó su participación en los hechos y afirmó que su implicación era parte de una operación para desviar la atención de otras figuras dentro del gobierno de Petro.
La acusación y las nuevas revelaciones
El 25 de enero de 2025, la Fiscalía presentó un escrito de acusación en contra de Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, vinculándola directamente al esquema de corrupción de la UNGRD. Según las autoridades, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos de parte de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, los cuales fueron destinados al entonces presidente del Congreso, Iván Name, en un pago ilícito para asegurar su apoyo político a proyectos del gobierno de Petro.
Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, transportado y entregado la suma al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez. Los dineros corresponderían al pago de coimas»: Fiscalía General de la Nación
Lo que ha llamado la atención recientemente, es que en medio de su proceso, la exconsejera estaría dispuesta a hablar sobre la participación de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Según testigos, González habría sido el principal artífice de las órdenes para desviar los recursos de la UNGRD a favor de proyectos políticos en el Congreso. Su implicación podría ser crucial para desentrañar la magnitud del entramado de corrupción.
Carlos Ramón González Merchán le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar contratos por valor de 60 mil millones de pesos a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez, por un valor superior a los 10 mil millones de pesos, también para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, asuntos que debería atender con Sandra Liliana Ortiz Nova”, afirmó la Fiscalía.
Carlos Ramón González no solo estaría presuntamente vinculado a la entrega de sobornos, sino que, según la Fiscalía, habría sido quien ordenó que Sandra Ortiz organizara reuniones con congresistas y funcionarios para coordinar el desvío de los fondos públicos. La revelación de Ortiz, de ser cierta, podría tener repercusiones graves para figuras políticas clave del actual gobierno.
Solicitud de medidas de seguridad
En la última audiencia de acusación contra Sandra Ortiz, celebrada hace unos días, el juez de la causa ratificó la medida de detención en su contra, manteniéndola recluida en la Escuela de Carabineros en Bogotá. A pesar de que su defensa había solicitado que se le permitiera cumplir su medida de aseguramiento en su domicilio, el juzgado determinó que existían pruebas suficientes para justificar su permanencia en prisión preventiva.
Según un video compartido por Olmedo López, la exconsejera “tiene mucho que contarle al país” : “Colombianos, la doctora Sandra Ortiz tiene mucho que contarle al país. Su voz es fundamental para esclarecer la verdad. Desde aquí, hago un llamado urgente para que se le brinden todas las garantías y seguridad necesarias, tanto para ella y su familia. La justicia solo es posible cuando quienes hablan cuentan con protección y respaldo”.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD y quien también se encuentra detenido, hizo un llamado público para que se reforzaran las medidas de seguridad para Sandra Ortiz y su familia. López, quien también ha implicado a González en el esquema de corrupción, solicitó que se le garantizara protección tanto a la exfuncionaria como a sus seres queridos, ya que, según él, Ortiz tiene mucha información que podría sacudir la estructura del poder en Colombia.
¿A quién salpicará Sandra Ortiz?
El principio de oportunidad es una figura jurídica que otorga beneficios a aquellos procesados que deciden colaborar con la justicia, revelando información relevante que permita avanzar en la investigación. Sandra Ortiz podría convertirse en la clave para desmantelar el entramado de corrupción en la UNGRD, y su testimonio podría señalar a personajes influyentes, entre ellos, Carlos Ramón González.
Si Ortiz decide colaborar con la Fiscalía, podría exponer no solo a González, sino también a otras figuras cercanas al poder, cuyas implicaciones en el desfalco aún no han sido completamente esclarecidas.
Este escándalo de corrupción continúa afectando a la administración del presidente Gustavo Petro. La implicación de figuras de alto rango dentro de la Casa de Nariño y el Congreso.
El contexto del caso UNGRD
Este escándalo se enmarca en la investigación sobre el desvío de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de 40 carrotanques para La Guajira, uno de los departamentos más afectados por la crisis del agua. Las autoridades han detectado serias irregularidades en los contratos de la UNGRD, lo que derivó en un desfalco millonario que involucra tanto a funcionarios del gobierno como a actores políticos del Congreso.
En este contexto, la Fiscalía ha vinculado a varios personajes del entorno político, incluidos Iván Name y Andrés Calle, presidente de la Cámara, quienes habrían sido beneficiarios de los sobornos a cambio de favores en la aprobación de proyectos gubernamentales.
La exconsejera, quien no ha aceptado los cargos, en una audiencia reciente defendió su inocencia, asegurando que era víctima de un complot orquestado por una figura poderosa dentro del gobierno de Petro, a quien no identificó. Según Ortiz, este complot fue diseñado para crear un «chivo expiatorio» y desviar la atención hacia ella, mientras otros personajes cercanos al poder quedaban fuera del radar.
¿Quién es Sandra Ortiz? Ex consejera Presidencial vinculada por caso de corrupción UNGRD?
Sandra Liliana Ortiz Nova, nacida el 6 de marzo de 1977 en Paz de Río, Boyacá, es una reconocida política colombiana afiliada al Partido Alianza Verde.
Ortiz inició su carrera política a nivel local, pero su impacto a nivel nacional se consolidó tras ser elegida Representante a la Cámara por Boyacá en el periodo 2014-2018, bajo las banderas del Partido Verde. Durante su gestión, se destacó por haber obtenido 9.862 votos, la mayor votación del departamento en esas elecciones. Este respaldo le permitió dar un salto al Senado de la República en las elecciones legislativas de 2018, donde alcanzó una curul con 27.176 votos.
En el Congreso, Sandra Ortiz ocupó posiciones de relevancia, como la Vicepresidencia de la Cámara de Representantes, además de ser miembro de la Comisión Tercera de Impuestos y Presupuesto.
Tras finalizar su paso por el Senado en 2022, Sandra Ortiz fue nombrada en mayo de 2023 como Consejera Presidencial para las Regiones en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, su trayectoria política se ha visto empañada por los recientes señalamientos de corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ortiz ha sido vinculada como presunta emisaria de sobornos multimillonarios, lo que ha derivado en su citación a una imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Este caso la ha convertido en la primera alta funcionaria del gobierno Petro en ser procesada formalmente por corrupción.
Sandra Ortiz fue enviada el 18 de diciembre a detención en una guarnición militar, medida que había sido apelada por la defensa de Sandra Ortiz, quien solicitó que se le permitiera cumplir su medida de aseguramiento en su domicilio, alegando que la exconsejera no representa un riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. Sin embargo, la jueza consideró que, dados los elementos presentados por la Fiscalía, existía una «inferencia razonable de autoría o participación» en los graves delitos imputados que afectan el patrimonio del Estado, lo que justificaba su permanencia en prisión preventiva.
El caso de la UNGRD es uno de los más complejos que ha enfrentado el gobierno actual, no solo por la magnitud de los recursos malversados, sino por la implicación de figuras políticas clave que podrían haber facilitado la trama corrupta.
