El Gobierno Nacional evalúa la posible salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, tras la revelación de un polémico contrato por 5.8 millones de dólares suscrito con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, para investigar el impacto negativo de escándalos vinculados a Roa en los mercados internacionales.
El contrato millonario de 5,8 millones de dólares
El contrato, firmado el 31 de diciembre de 2024, tiene como objeto “la prestación de servicios de asesoría a la Junta Directiva de Ecopetrol en temáticas legales en Estados Unidos y representación ante autoridades relevantes”. Sin embargo, una adición (otrosí) amplió el alcance, monto y plazo del acuerdo, incluyendo la investigación exhaustiva de conductas personales de al menos 70 altos ejecutivos de Ecopetrol y sus filiales (Cenit y Hocol), con acceso a correos electrónicos, dispositivos electrónicos, documentos físicos, registros financieros y correspondencia.
La existencia y condiciones del otrosí fueron reveladas por el periódico El Tiempo la semana pasada, lo que motivó una reunión extraordinaria de la junta directiva el 26 de mayo para esclarecer la situación y determinar si se pagó por acceder a información sensible sin la debida autorización.
Roa dice que también fue “víctima” del procedimiento, y niega haber ordenado las interceptaciones.
Guillermo García Realpe, presidente de la junta directiva, admitió públicamente la firma del contrato y calificó la extensión de “grave y abusiva”, pero aseguró que esta no contó con la aprobación del cuerpo colegiado.
Retención de documentación y medida de reserva
De acuerdo con los documentos Alberto José Vergara Monterrosa, director Corporativo de Cumplimiento de Ecopetrol, suscribió un memorando confidencial dirigido a altos funcionarios, ordenando la retención técnica de correos electrónicos, documentos físicos, computadores, dispositivos móviles y toda información relacionada con los procesos investigativos en curso.
Este ‘legal hold’ busca garantizar que no se altere ni destruya información relevante para la investigación, bajo estricta confidencialidad y sin posibilidad de divulgación no autorizada.
Vergara, quien ha estado al frente de estas diligencias desde agosto de 2024, aparece vinculado a la supervisión del contrato con Covington & Burling y ha protagonizado controversias internas, incluyendo señalamientos por presunto acoso laboral.
Quiénes fueron espiados en Ecopetrol: la lista de 70 funcionarios bajo vigilancia
Una orden de “retención técnica” vinculada a un millonario contrato de Ecopetrol no discriminó en sus objetivos. La investigación reveló que desde vicepresidentes hasta gerentes y directores estratégicos de la petrolera estuvieron bajo vigilancia.
Entre ellos se encuentran figuras de alto perfil como Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, y Alberto José Vergara, quienes también fueron blanco de este procedimiento, lo que ha despertado más dudas.
Entre los nombres filtrados figuran altos ejecutivos de la empresa, como:
-
Luis Alberto Zuleta, miembro de la junta directiva
-
Rafael Ernesto Guzmán Ayala, vicepresidente ejecutivo
-
Nicolás Azcuénaga Ramírez, vicepresidente de nuevos negocios
-
Fabio Ortega, gerente de nuevos negocios en Hocol
-
Alberto Enrique Consuegra, vicepresidente ejecutivo operativo
-
Elsa Jeanneth Jaimes, vicepresidenta Costa Afuera
-
Germán González, secretario general
-
Vicky Rocío Vélez Rodríguez, vicepresidenta de Exploración en Hocol
-
Alexander Cadena, presidente de Cenit
-
Pilar Marulanda, vicepresidenta de recursos humanos de Cenit
-
Julio Corredor, gerente de cumplimiento de Cenit
Paralelamente, se habla de una posible renuncia de Ricardo Roa, cuya salida sería evaluada en reuniones con el presidente Gustavo Petro y miembros de la junta directiva, convocados a Palacio para discutir el escándalo.
Además, Roa podría asumir el Ministerio de Minas y Energía, mientras que Edwin Palma, actual titular de esa cartera, asumiria la presidencia de Ecopetrol.
¿Qué implicaciones jurídicas tendría la eventual designación de Ricardo Roa como ministro?
La posible salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol y su eventual designación como ministro de Minas y Energía no solo tendría implicaciones políticas y administrativas.
De concretarse su nombramiento como ministro, Roa adquiriría fuero constitucional, lo cual modificaría sustancialmente el curso procesal de las investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra.
Cambio de competencia: la Corte Suprema asumiría el caso
Con la entrada en funciones de un nuevo cargo ministerial, cualquier proceso penal que lo involucre dejaría de estar bajo el procedimiento ordinario y pasaría a conocimiento de una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, el eventual juicio sería competencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, mediante la Ley 600 de 2000, que regula el procedimiento penal aplicable a aforados constitucionales.
Impedimentos legales en torno a la llegada de Andrés Camilo Palma a Ecopetrol
En paralelo, la posibilidad de que Andrés Camilo Palma —ministro de Minas— asuma la presidencia de Ecopetrol enfrenta un impedimento de naturaleza legal. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), los exministros deben observar un período de inhabilidad de un (1) año desde la cesación de sus funciones antes de asumir la dirección de entidades que hayan estado bajo su vigilancia, control o regulación.
Renuncias en la junta directiva
La crisis ha provocado la renuncia de Mónica de Greiff, miembro independiente de la junta directiva, quien negó haber aprobado el polémico otrosí y denunció posibles extralimitaciones en la firma del mismo. Su dimisión, presentada el 28 de mayo y efectiva desde el 30 de mayo, ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Ricardo Roa enfrenta a su vez una investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, donde Roa fue gerente, por presunta violación de topes y omisión de pagos
La situación que rodea a Ricardo Roa y Ecopetrol continúa en evolución, con investigaciones en curso y decisiones gubernamentales pendientes. La expectativa está centrada en la próxima reunión de la junta directiva y las posibles modificaciones en la cúpula directiva de la empresa.
