
El Ministerio Público citó a Ferrer y a otras cinco personas para que rindan declaración bajo juramento sobre presuntos actos de corrupción que habrían involucrado a funcionarios de la anterior administración.
La decisión se produjo después de una entrevista concedida por Ferrer a la revista Semana, en la que formuló graves señalamientos relacionados con el supuesto ingreso de 2,5 millones de dólares desde Venezuela, transporte de drogas en aeronaves oficiales, tráfico de armas, presuntos testaferros y manejo irregular de recursos de campañas políticas.
Las afirmaciones corresponden a denuncias de Ferrer que deben ser contrastadas por las autoridades. Su divulgación no demuestra que las personas mencionadas hayan cometido delitos ni significa que todas estén formalmente investigadas.
Los seis citados por la Procuraduría
La diligencia anunciada por el organismo de control comprende a Eva Ferrer y cinco personas que desempeñaron cargos o tuvieron vínculos con el anterior Gobierno.
| Persona | Perfil y vinculación |
|---|---|
| Eva Ferrer Galcerán | Española, exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación y antigua colaboradora de Alcocer. Es la principal fuente de las denuncias. |
| Carmen Caballero | Exfuncionaria del gobierno Petro, incluida entre las personas llamadas a declarar. |
| Angie Rodríguez | Exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). |
| Concepción Baracaldo | Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). |
| Guillermo Reyes | Exministro de Transporte del gobierno de Gustavo Petro. |
| Ingrid Carolina Plata Navas | Antigua colaboradora de la Casa de Nariño y persona cercana al entorno familiar de Petro y Alcocer. |
Las citaciones buscan obtener información sobre los hechos denunciados y establecer si existen elementos que justifiquen actuaciones disciplinarias adicionales. El llamado a declarar, por sí solo, no implica responsabilidad disciplinaria o penal.
¿Quiénes son los demás mencionados por Eva Ferrer?
Las revelaciones no se limitan a los seis citados por la Procuraduría. En sus entrevistas y declaraciones, Ferrer mencionó a cerca de 30 personas, entre funcionarios, políticos, asesores extranjeros, empresarios y antiguos colaboradores de la Presidencia.
El círculo cercano de Verónica Alcocer
Ingrid Carolina Plata Navas. Conocida como Carolina Plata, es una antigua colaboradora y persona de confianza de Alcocer, cuya relación se remonta a la época de la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro. Ferrer la señaló como presunta administradora de recursos de la exprimera dama y afirmó que habría tenido conocimiento de viajes reservados a Venezuela, así como del movimiento de dinero en efectivo en dependencias de la Casa de Nariño. Es una de las cinco personas adicionales citadas por la Procuraduría.
Danilo Romero. Esposo de Carolina Plata y allegado al entorno político de Petro. Según Ferrer, habría intervenido en la administración de gastos privados de Alcocer. La exconsejera afirmó que Romero presentó cuentas por más de 1,5 millones de dólares correspondientes a gastos acumulados durante aproximadamente año y medio. También lo señaló como supuesto testaferro, una acusación que no está judicialmente demostrada.
Mario Fernández Alcocer. Excongresista, dirigente político de Sucre y primo de Verónica Alcocer. Aspiró a la Gobernación de Sucre en 2023. Ferrer lo identificó como uno de los operadores políticos del entorno de la exprimera dama y sostuvo que parte de los 2,5 millones de dólares supuestamente ingresados desde Venezuela habría tenido como destino su campaña política.
Agmeth Escaf. Actor, presentador y congresista elegido por el Pacto Histórico. Ferrer lo vinculó con presuntas disputas por cuotas burocráticas en entidades como el ICBF y ProColombia. También aseguró que existieron enfrentamientos internos por el manejo de recursos y espacios de poder político.
Capitana Daniela Lozano. Oficial que estuvo vinculada al esquema de seguridad de Verónica Alcocer. Su nombre aparece en el relato por el conocimiento que habría tenido de los desplazamientos, reuniones y actividades de la exprimera dama. Ferrer cuestionó su posterior ubicación en la Embajada de Colombia en Catar. Su vinculación como integrante de una supuesta estructura ilegal no ha sido acreditada judicialmente.
Los asesores extranjeros y empresarios señalados
Manel Grau. Asesor catalán vinculado al entorno político de Petro y Alcocer. Es una figura central en el relato de Ferrer, quien aseguró que Grau le informó sobre el supuesto ingreso de 2,5 millones de dólares desde Venezuela. También lo relacionó con la búsqueda de financiación para campañas, reuniones con empresarios y operaciones de comunicación digital.
Xavier Vendrell. Exdirigente político catalán y asesor de campañas. Participó en actividades relacionadas con la estrategia política del petrismo. Ferrer lo mencionó como un articulador de relaciones políticas y empresariales y sostuvo que, junto con Grau y Andrés Gamero, habría buscado influencia en entidades estatales, entre ellas Ecopetrol.
Enrico Romagnoli. Empresario italiano mencionado por Ferrer como integrante del entorno internacional de Alcocer. Según sus declaraciones, habría participado en la financiación de gastos y acompañado actividades en Suecia, país donde se adelantaron gestiones relacionadas con los aviones de combate Gripen. Ferrer también hizo señalamientos sobre presuntos vínculos con el comercio de armas, sin que la entrevista constituya prueba de esas actividades.
Fabio Mascialino. Otro ciudadano italiano mencionado como parte del círculo empresarial que, según Ferrer, habría contribuido al sostenimiento de gastos de la exprimera dama en Europa. Las acusaciones sobre posibles actividades ilícitas requieren corroboración independiente.
Eduardo Ávila. Exembajador de Colombia en España. Ferrer lo mencionó en relación con presuntas operaciones financieras en territorio español, incluido un supuesto intento de adquisición de un inmueble valorado en tres millones de euros. No está acreditado que esas gestiones constituyeran lavado de activos.
Andrés Gamero. Mencionado en el relato sobre los asesores y operadores que habrían buscado influencia en decisiones empresariales y estatales, particularmente alrededor de Ecopetrol.
Los nombres relacionados con la financiación política
Euclides Torres. Empresario de la región Caribe vinculado públicamente con la financiación y la logística de actividades políticas. Ferrer afirmó que habría entregado aproximadamente 250.000 euros en efectivo para actividades electorales relacionadas con Alcocer y la movilización del voto femenino en la Costa Caribe.
Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’. Conocido por las investigaciones sobre presuntas redes de contrabando. Ferrer aseguró que habría ofrecido 50.000 euros en efectivo para la campaña política, mediante contactos del entorno de Alcocer. La procedencia, entrega y eventual utilización de esos recursos deben ser establecidas por las autoridades.
Ricardo Roa. Exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y posteriormente presidente de Ecopetrol. Ferrer lo mencionó al referirse al manejo de recursos electorales y sostuvo que su llegada a la petrolera estatal habría contado con la influencia del círculo cercano de Alcocer.
Gustavo Petro. Expresidente de Colombia. Ferrer lo mencionó al describir la relación entre la campaña presidencial, sus asesores y la exprimera dama. Sus declaraciones incluyen cuestionamientos sobre el conocimiento que habría tenido de determinadas actuaciones, aunque también afirmó que Petro no habría conocido algunos movimientos de dinero atribuidos a su entorno.
Exfuncionarios y otras personas que aparecen en las declaraciones
Laura Sarabia. Exjefa de gabinete y exdirectora del Dapre. Ferrer sugirió que su regreso al Gobierno habría estado relacionado con un acuerdo político con Alcocer y que conocía movimientos de dinero en efectivo en la Casa de Nariño. Sarabia rechazó públicamente esos señalamientos y pidió que las acusaciones fueran acompañadas de pruebas.
Angie Rodríguez. Exdirectora del Dapre y una de las personas citadas por la Procuraduría. Ferrer la presentó como presunta víctima de enfrentamientos y agresiones de Alcocer, por diferencias relacionadas con su nombramiento.
Concepción Baracaldo. Exdirectora del ICBF. Fue citada para rendir declaración en el marco de las verificaciones sobre posibles irregularidades en entidades públicas. Su citación no significa que haya sido señalada como autora de delitos.
Carmen Caballero. Exfuncionaria incluida en la convocatoria de la Procuraduría. Su declaración podría contribuir al esclarecimiento de las relaciones entre el entorno presidencial y determinadas entidades del Estado.
Guillermo Reyes. Exministro de Transporte. Figura tanto en la lista de personas mencionadas en los relatos difundidos como entre los citados por el Ministerio Público.
Armando Benedetti. Político y exalto funcionario del gobierno Petro, incluido entre los nombres mencionados en el conjunto de declaraciones recopiladas por medios de comunicación.
En la relación más amplia publicada por Infobae también aparecen Nany Pardo, María Teresa Alcocer, Carlos Gutiérrez —conocido como ‘el Papero’—, Antonio López, Mauricio Vélez, Leonardo Collazos, Celia Buitrago, Javier Pava, Juan Fernández, el general Ricardo Díaz y Nicolás Petro. Sin embargo, la información consultada no permite establecer con suficiente precisión el contexto de cada mención ni atribuirles una conducta ilícita concreta.
Los hechos que deberán esclarecer las autoridades
Uno de los episodios más graves relatados por Ferrer corresponde a un viaje a Venezuela en enero de 2023. La exconsejera afirmó que Manel Grau le contó que, después de ese desplazamiento, habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo.
Ferrer también habló de maletas que supuestamente contenían drogas y de posibles operaciones internacionales relacionadas con armas. Sin embargo, parte de estas acusaciones se fundamenta en información que, según su propio relato, recibió de terceras personas.
Otro frente de las denuncias se relaciona con la supuesta intervención del círculo cercano de Alcocer en nombramientos y contrataciones de entidades públicas, además de presuntos aportes de empresarios a actividades electorales.
La investigación deberá diferenciar los hechos que Ferrer asegura haber presenciado directamente de aquellos que afirma conocer por conversaciones, documentos o referencias de terceros.
La Fiscalía también adelanta verificaciones
Además de las actuaciones disciplinarias de la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación relacionada con las declaraciones de Ferrer.
Fuentes del ente investigador informaron a El Espectador que la exconsejera había sido citada en dos oportunidades y que existían contactos con su abogado, pero que, hasta el reporte publicado este 13 de octubre, no se había presentado a declarar ni había aportado pruebas ante esa entidad.
La Procuraduría, por su parte, dispuso la intervención de su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para recaudar elementos que permitan establecer si las denuncias tienen sustento y si hubo participación de servidores públicos en conductas disciplinariamente reprochables.
El escándalo abre así varios interrogantes sobre la financiación de campañas, la utilización de aeronaves oficiales, el manejo de recursos privados y la eventual intervención de personas cercanas al poder presidencial en decisiones administrativas.
Por ahora, el principal avance institucional es la citación de seis personas a declarar. Corresponderá a las autoridades determinar cuáles afirmaciones tienen respaldo probatorio, quiénes podrían tener responsabilidad y si existen motivos para abrir nuevas investigaciones.
Las declaraciones de Eva Ferrer han situado bajo escrutinio a un amplio grupo de antiguos funcionarios, asesores y empresarios, pero es fundamental distinguir entre una persona mencionada, un testigo citado y alguien formalmente investigado o acusado.
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