Mancuso, nacido en Montería, es hijo de un inmigrante italiano y una monteriana. Aunque inició estudios en ingeniería civil y administración agropecuaria en Colombia, no completó ninguna de estas carreras. Posteriormente, estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania.
Se casó «con una integrante de la alta sociedad cordobesa», con la que tuvo tres hijos, Martha Elena Dereix, hija de una familia de Montería de origen francés , terratenientes de la zona -como los Mancuso- dedicados a la ganadería y la agricultura.
Salvatore Mancuso Gómez, conocido también por los alias del Mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, una figura destacada en el mundo del narcotráfico y antiguo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se encuentra en el centro de la atención pública nuevamente. Nacido el 17 de agosto de 1964, en Montería, Colombia, Mancuso ha sido una figura controvertida desde su desmovilización en 2005 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2008.
La familia Mancuso había sufrido intentos de extorsión por parte de la guerrilla desde el comienzo de la década y esto lo había llevado a buscar maneras de protegerse y responderle a la guerrilla, por lo pidió apoyo al mayor del Ejército Nacional Walter Fratini, con quien conformaron un grupo de justicia privada auspiciado por ganaderos de esa región para combatir guerrilleros y liberar secuestrados.
Su ascenso en el mundo del paramilitarismo colombiano fue rápido, consolidándose como un influyente hacendado en el departamento de Córdoba. Participó en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, siendo el segundo al mando junto a Carlos Castaño. Tras la creación de las AUC, Mancuso fue promovido como jefe del estado mayor negociador.
Habla tres idiomas: castellano, italiano e inglés.
Después de cumplir su condena en los Estados Unidos en 2020, el gobierno colombiano, a solicitud de las autoridades judiciales de Justicia y Paz, buscó que Mancuso fuera llevado a Colombia para enfrentar nuevos cargos. Sin embargo, en 2019, una juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su liberación, generando controversia en el sistema judicial colombiano.
Actualmente, Mancuso enfrenta acusaciones por la comisión de 75,000 crímenes en territorio colombiano y se encuentra Centro de Detención de Migrantes ICE-Stewart Detention Center en Lumpkin, Georgia, Estados Unidos luego de pagar su condena en ese pais.
Entre los crímenes que se le imputan, Mancuso ha confesado su participación en al menos 300 asesinatos, incluyendo el espeluznante asesinato de una niña de 22 meses. Además, se le atribuye como comandante la autoría de la masacre de Mapiripán y la masacre de El Aro, entre otras acciones sanguinarias de las AUC.
El narcotráfico también figura entre los delitos imputados a Mancuso. La corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, lo acusa de estos cargos, hechos por los cuales fue extraditado en 2008. Las autoridades italianas también lo señalan por tráfico de drogas en colaboración con la mafia calabresa.
Salvatore Mancuso fue condenado por la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, a 15 años y 10 meses de prisión, por cargos de narcotráfico.
En Colombiaha sido acusado de los delitos de Homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes, desaparición forzada, desplazamiento forzado de población civil, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento del exparamilitar Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre los años 1989 y 2004.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Mancuso, como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para “mover los hilos” de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango.
Mancuso manifestó en Justicia y Paz y en la justicia ordinaria se limitó, de manera reiterada, a señalar que la planeación y ejecución de la estrategia paramilitar estuvo en cabeza de Carlos Castaño Gil. Sin embargo, con base en lo relatado por Mancuso a la JEP se hace evidente que en esas tareas también participaron altos mandos militares y policiales, y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.
A pesar de su desmovilización en 2005, las sombras del pasado de Mancuso persisten, y su regreso a la escena judicial colombiana plantea preguntas sobre la eficacia y transparencia del sistema judicial del país en la persecución de crímenes atroces.
