Por Redacción Judicial
Fecha: 4 de septiembre de 2025
El concurso público para la designación de notarios en propiedad en Colombia —uno de los procesos más esperados y disputados del sector público— se encuentra en el centro de una tormenta judicial, política y ética. Las alarmas se encendieron esta semana tras una advertencia hecha por el presidente Gustavo Petro, quien denunció rumores sobre pagos millonarios para asegurar cupos en notarías. La Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Justicia ya iniciaron indagaciones preliminares y formularon requerimientos urgentes a la Superintendencia de Notariado y Registro.
«Rumor habla de recogida de fondos para sobornar por cupos en las notarías en el nuevo concurso. Hasta cenas pagas hay. Funcionarios en Ministerio de Justicia y Super, estarían metidos. Se habla de mil millones por cupo», escribió el presidente Petro en su cuenta oficial en la red X (antes Twitter).
Aunque el mandatario no dio nombres, sus declaraciones intensificaron el escrutinio público sobre un concurso que implica más de 8.127 millones de pesos, administrado por la Universidad Libre, operador logístico del proceso.
Procuraduría pide explicaciones formales
Hace 24 horas, el superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, exsenador del Partido de la U, recibió un oficio de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en cabeza de Marcio Melgosa, en el que se formulan varias advertencias y solicitudes de información sobre el concurso.
El documento, advierte sobre modificaciones al cronograma del concurso sin justificación pública, incluyendo un cambio reciente que aplazó la apertura de inscripciones al 9 de septiembre de 2025.
Renuncias en el Consejo de la Carrera Notarial
La controversia creció aún más con la renuncia irrevocable de los notarios Óscar Fernando Martínez y Soraya Franco, miembros del Consejo Superior de la Carrera Notarial, quienes señalaron “graves irregularidades” en el manejo del concurso por parte de la Universidad Libre.
Ambos manifestaron su desacuerdo con la decisión de permitir que el operador logístico resuelva las reclamaciones de los aspirantes en etapas clave como la calificación de conocimientos y entrevistas. A su juicio, esto deja por fuera del control del Consejo los aspectos centrales del proceso.
Ministerio de Justicia solicita investigar
En respuesta a la creciente presión, el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, salió al paso de las acusaciones y defendió la legalidad del proceso:
“Este concurso se está realizando bajo estrictos estándares de transparencia. Ni el Ministerio de Justicia ni la Superintendencia vamos a permitir actos de corrupción”, afirmó Montealegre en declaraciones oficiales.
Además, confirmó que su cartera presentó una denuncia penal formal, para que la Fiscalía investigue los posibles delitos relacionados con sobornos o tráfico de influencias en el marco del concurso.
¿Qué dice la Superintendencia?
Hasta el momento, Roosvelt Rodríguez, jefe de la Superintendencia de Notariado y Registro, no ha emitido una declaración pública frente a las acusaciones. Sin embargo, su despacho ya recibió los requerimientos de la Procuraduría y está obligado a responder en los próximos días.
Más de 18.000 aspirantes en vilo
Este escándalo ocurre a solo días de que inicie oficialmente el proceso de inscripción al concurso, en el que se espera participen más de 18.000 aspirantes en todo el país.
¿Y ahora qué?
La Procuraduría, el Ministerio de Justicia y, la Fiscalía, inician sus investigaciones, para dar claridad en un proceso clave para el acceso a una de las funciones públicas más rentables y disputadas: la notaría.
Mientras tanto, el presidente Petro insiste en que se llegue hasta las últimas consecuencias, y exige que se “rompa el esquema tradicional de corrupción que ha imperado en la asignación de notarías”.
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