El presidente Gustavo Petro respondió a las advertencias de la Contraloría General de la República frente al proyecto del Gobierno que busca reducir gradualmente el límite de inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones y repatriar parte de esos recursos para destinarlos a inversión productiva en el país.
En un extenso pronunciamiento, el mandatario aseguró que la Contraloría “está equivocada” y cuestionó que los fondos de ahorro pensional hayan salido del país “sin el consentimiento” de los trabajadores, en inversiones que, a su juicio, deberían ser objeto de investigación por los organismos de control. Petro afirmó que el país atraviesa una situación fiscal delicada que podría derivar en una crisis financiera si no se corrigen las restricciones a nuevas fuentes de ingresos.
Según el jefe de Estado, la postura del Banco de la República, de las comisiones económicas del Congreso y del magistrado ponente de la Corte Constitucional ha impedido el ingreso de recursos al presupuesto provenientes de los sectores de mayores ingresos, lo que —dijo— incrementa el riesgo de una crisis de deuda. En ese contexto, defendió la necesidad de estimular la inversión productiva y de traer al país la financiación de largo plazo, al considerar que no hacerlo sería “suicidio” en las circunstancias actuales.
“Está equivocada la Contraloría. Primero porque los fondos de ahorro pensional jamás debieron salir del país sin el consentimiento, en inversiones que la Contraloría debería ayudar a Investigar.
Segundo, porque dada la actitud del banco de la república, las comisiones económicas del Congreso y el magistrado ponente de la Corte constitucional, al impedir nuevos ingresos al presupuesto originados en los megarricos, nos lleva a una crisis de deuda que puede, de manera inminente, convertirse en crisis financiera que es la antesala de la crisis real de la economía”
Petro subrayó que el ahorro pensional, por su naturaleza de largo plazo, debe invertirse en proyectos que incrementen de manera permanente la productividad del trabajo, condición que —según afirmó— es la única que garantiza el pago futuro de la deuda y de las pensiones. Aclaró, además, que estos recursos no deben destinarse al pago de deuda pública, sino a inversiones estratégicas, y criticó lo que calificó como el “gran daño” de mantener sin ejecución una ley pensional aprobada dos veces por el Congreso.
Entre los sectores priorizados para la inversión de largo plazo, el presidente mencionó infraestructura de fibra óptica y alta capacidad de cómputo, ferrocarriles eléctricos modernos, proyectos de agua potable y sostenibilidad hídrica, industrialización del café, desarrollo de vehículos eléctricos e inversiones en oro, tanto nacional como internacional.
Las declaraciones del mandatario se producen luego de que la Contraloría publicara un análisis técnico en el que concluyó que la repatriación de inversiones de los fondos de pensiones podría generar esfuerzos fiscales adicionales y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional. El estudio evaluó el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, que propone reducir el límite de inversión en el exterior de las AFP del 49 % actual al 30 % en un periodo de cinco años, con un tope transitorio del 35 % durante los primeros tres.
De acuerdo con la Contraloría, la medida implicaría repatriar cerca de 100,3 billones de pesos en 2028 y aproximadamente 177,8 billones de pesos en 2030 para inversión local. Sin embargo, el organismo advirtió que no existe certeza sobre proyectos nacionales con capacidad suficiente para absorber ese volumen adicional de recursos, lo que elevaría la participación de inversiones internas del 51 % al 69 % de los portafolios de las AFP.
El ente de control también alertó que, históricamente, las inversiones realizadas en Colombia han tenido rendimientos inferiores a los obtenidos en mercados internacionales. Según sus cálculos, limitar la diversificación externa podría reducir la rentabilidad ajustada por riesgo de los fondos, afectar el ahorro de millones de afiliados y aumentar el déficit actuarial del sistema, obligando al Estado a destinar mayores recursos fiscales para el pago de pensiones entre 2037 y 2052.
Mientras el Gobierno insiste en que la repatriación de capitales es clave para impulsar la inversión productiva y evitar una crisis económica, la Contraloría mantiene sus reparos técnicos sobre los riesgos fiscales y pensionales de la iniciativa, abriendo un nuevo frente de debate sobre el manejo del ahorro pensional en Colombia.