El Gobierno Nacional se enfrentará a la inusual situación de expedir el Presupuesto General de la Nación para 2025 mediante un decreto, luego de que las comisiones económicas de Cámara y Senado no lograran llegar a un acuerdo en el primer debate debido a la falta de quórum. No se había registrado un evento similar los últimos años.
El monto del presupuesto asciende a 523,7 billones de pesos, un aumento del 3,9% con respecto a 2024, pero sufre de un desfinanciamiento que varios congresistas han estimado en al menos 12 billones de pesos. Pese a las advertencias sobre esta falta de recursos, el Gobierno está obligado, según el Decreto 111 de 1996, a promulgar el presupuesto sin incluir modificaciones adicionales al proyecto original.
Durante las discusiones previas, la tensión se hizo evidente. Los congresistas criticaron a los senadores de la Comisión Tercera del Senado por no asistir al debate, señalando que muchos tenían la intención de hundir el presupuesto desde el principio.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insistió en que el Gobierno utilizará los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar la expedición del presupuesto. Sin embargo, reconoció que la situación genera preocupación en los mercados y entre las calificadoras de riesgo, lo que podría afectar la estabilidad financiera del país.
El escenario también ha despertado temores sobre la necesidad de una ley de financiamiento o reforma tributaria para cubrir el déficit presupuestal, algo que varios congresistas han señalado como inevitable.
Si el presupuesto es expedido por Decreto sería lo que se conoce como la figura de “dictadura fiscal”, que de acuerdo a lo expuesto por el Ministerio de Hacienda es “el evento en que el Congreso de la República no aprueba el proyecto de Presupuesto General de la Nación, para lo cual regiría el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno”, es decir cuando no se llega a un acuerdo con el Congreso.