El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para tomar una decisión crucial respecto a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, a raíz de una investigación sobre una presunta violación de los topes de financiación. La tensión dentro de la sala plena del CNE ha escalado debido a los magistrados que deben votar la ponencia presentada por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes proponen imputar cargos tanto al presidente Petro como a Ricardo Roa, su gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol.
Uno de los puntos álgidos en este proceso es la situación del magistrado Altus Alejandro Baquero. En junio de 2024, su elección fue anulada por el Consejo de Estado al no cumplir con los requisitos de 15 años de experiencia profesional como abogado. Sin embargo, el magistrado Baquero presentó una tutela, y la Corte Constitucional ordenó que se suspendiera la decisión hasta que se resuelva el fondo del caso. Esta medida abre la puerta para que Baquero sea reintegrado al CNE y pueda participar en la votación, lo que podría cambiar la dinámica interna de la sala.
El alto tribunal precisó que de conformidad con los artículos 264 y 232 de la Constitución Política, los quince años de experiencia profesional para ser magistrado de alta corte, deben contabilizarse desde el día de la obtención del título de abogado hasta el día de la postulación efectuada por las colectividades políticas. En el caso objeto de estudio, se concluyó que el señor Baquero Rueda completó catorce (14) años, once (11) meses y veinticinco (25) días a la fecha de postulación.
La decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 podría dilatarse. La sala plena del CNE esta evaluando una solicitud del magistrado Altus Baquero para que se le restituyan sus funciones luego que la Corte Constitucional fallará a su favor.
El Consejo Nacional Electoral no tomó ninguna decisión sobre la ponencia que propone formularle cargos al presidente Gustavo Petro e investigar a su campaña por la presunta violación de topes. La magistrada Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico, solicitó la rotación del expediente. Los magistrados se volverán a reunir el 30 de septiembre para tomar una decisión.
Hasta el momento, solo hay ocho magistrados habilitados para votar. De no lograrse una mayoría decisiva, es posible que se deban nombrar conjueces para resolver el caso. La mayoría de las votaciones en temas contrarios al Gobierno han terminado 5-3 la mayoría requerida es de seis votos. Adicionalmente, la solicitud de tiempo por parte de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien estuvo incapacitada, podría retrasar aún más la decisión, sumándose a otros recursos legales interpuestos por el abogado defensor de Petro, Héctor Carvajal quien cuestiona la decisión del Consejo de Estado que dio el visto bueno al CNE.
La situación es aún más complicada debido a las divisiones políticas internas del CNE, donde cinco de los magistrados tienen una inclinación opositora al gobierno, mientras que los tres restantes han mostrado cercanía con el presidente Petro y su movimiento político. Se espera que la presencia de Altus Baquero incline la balanza, aunque el proceso sigue envuelto en incertidumbre.
Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), ha sido representante a la Cámara por el departamento del Huila por el partido Centro Democrático, fue director nacional de Registro civil y secretario de gobierno del Huila, entre otros. Prada está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en el caso de falsos testigos de expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico), abogada especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Bogotá, ha trabajado en la alcaldía de Cáqueza, ha pertenecido al Polo Democrático.
Fabiola Márquez Grisales (Pacto Histórico) , abogada de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Administrativo. Trabajó en la Secretaría de Gobierno durante la alcaldía de Gustavo Petro e hizo parte de la UTL de Inti Asprilla (Alianza Verde).
Alfonso Campo Martínez (Conservador), fue director de la Unidad Nacional de Protección en el gobierno de Iván Duque, ex fiscal de la Unidad de Activos y Extinción de Dominio y personero de Valledupar.
César Augusto Lorduy (Cambio Radical), fue representante a la Cámara por el Atlántico para el periodo 2018-2022, cercano a Arturo Char.
Cristian Ricardo Quiroz (Alianza Verde), Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en derecho procesal y derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia ha sido director jurídico del partido Alianza Verde.
Altus Alejandro Baquero (Liberal). En junio de 2024, su elección fue anulada por el Consejo de Estado al no cumplir con los requisitos de 15 años de experiencia profesional como abogado. Abogado de la Universidad del Rosario y que llegó al CNE, fue secretario general de la Registraduría en el 2015. Ha trabajado en el Congreso de la República, la Unidad Nacional de Víctimas, el Acueducto de Bogotá y la Federación Nacional de Departamentos y secretario general de la Defensoría del Pueblo.
Si es aceptada su solicitud de reintegro de Altus Baquero, la decisión sobre la campaña presidencial estaría en manos de 9 magistrados.