El aumento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para 2025 en un 9.54% decretado por el presidente Gustavo Petro ha generado toda suerte de reacciones: algunas a favor y otras en contra.
Mientras el gobierno ha presentado dicho incremento como un gran logro, a tal punto que algunos congresistas oficialistas sostienen que el aumento del salario será utilizado para adquirir más bienes y servicios, siendo la demanda agregada la que mantiene y crea empleos.
Por su parte, quienes lo critican consideran que, en tanto se trata de un aumento desmesurado, el mismo pone en riesgo empleos existentes y promueve la informalidad, a tal punto que la mencionada demanda agregada y el aumento en la adquisición de bienes y servicios es apenas una vana ilusión.
Claramente, no resulta fácil ser objetivo con un tema tan, pero tan sensible; sin embargo, mucho más difícil y hasta irresponsable es guardar silencio sobre una temática de tan significativo impacto como esta, muy a pesar de que resulte bastante impopular la posición que asumamos.
Lo primero que podemos decir es que el salario tiene en Colombia dos connotaciones constitucionalmente reconocidas y de inevitable observancia: “vital” y “móvil”. Vital, por cuanto constituye una aspiración de que el trabajador pueda cubrir con su salario sus necesidades básicas, como lo son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación y la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad resulta indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana. Móvil, por cuanto se impone la necesidad de reajustar el salario, año tras año, estimando las fluctuaciones monetarias e intentando mantener su real poder adquisitivo.
Aunque resulta discutible si un salario mínimo cumple la condición de ser “vital” o no, se ha asumido que lo es. A tal punto, por ejemplo, que no se podría poner en tela de juicio que el salario decretado para 2023, que fue debidamente concertado por trabajadores, empresarios y gobierno en 2022, cumplió dicha condición. Por su parte, en la misma línea y sentido, tenemos que el salario mínimo legal mensual decretado para el año siguiente, 2024, que no fue concertado, no dejó de cumplir dicha condición, en tanto que, como tuvo un aumento que superó la inflación, dicho incremento garantizó la capacidad de poder adquisitivo de los trabajadores.
Pero, para profundizar en este análisis, podríamos preguntarnos: ¿por qué el Salario Mínimo decretado en 2022 para 2023 fue concertado con un incremento del 16%, y el salario decretado en 2024 para 2025, con un incremento del 9.54%, no fue concertado y ha generado tanto revuelo?
Recordemos que los trabajadores pedían un incremento de dos dígitos, el cual estuvo muy cerca de otorgarse. Por su parte, los empresarios sugerían un ajuste más cercano a la inflación anual, que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), fue del 5.2 % en noviembre y cerrará, según los analistas del mercado, en 5.5% al finalizar el año.
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Todo tiene que ver con el desempeño de la economía en un determinado momento de la historia. Mientras que la inflación, por ejemplo, en 2022 cerró en 13.1%, lo que significó en consecuencia que el incremento para 2023 en un 16% representara un 2.9% por encima de la inflación, en cambio, el incremento recientemente decretado para 2025, de 9.54%, representa más de cuatro puntos porcentuales adicionales por encima de la inflación, si se tiene en cuenta que, como se anotó, según los analistas del mercado, el año 2024 cerraremos con una inflación del 5.5%. Esta diferencia del 2.9% frente al 4% no es menor, amén de que, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) de 2022 frente al de 2021 creció un 7.3%, el Producto Interno Bruto (PIB) de 2024 frente al de 2023 se estima que apenas crecerá un 2.0%.
Estas consideraciones técnicas, representadas en números ciertos y reales, alejados de especulaciones, explican por qué, en un momento como el 2022, donde se registró un mayor crecimiento económico, se pudo concertar el salario mínimo para 2023 con un 2.9% por encima de la inflación. Pero igualmente hace inexplicable que el Gobierno haya decretado más de 4% por encima de la inflación para 2025, pese a que el crecimiento económico de 2024, que llegará ligeramente al 2%, es sustancialmente inferior al del 2022, que fue casi cuatro veces superior y que se ubicó en 7.3%.
Así las cosas, no me equivoco en afirmar que el incremento decretado por Petro es francamente populista, como impopular, aunque serio y responsable, resulte decirlo.
De hecho, detrás de este aumento se esconden serios impactos negativos que afectarán tanto a los empresarios como a la mayoría de la fuerza laboral del país, particularmente en un contexto de desaceleración económica y alta informalidad.
El aumento, aunque menor en comparación con los incrementos previos decretados en 2022 y en 2023 durante el gobierno Petro, sigue siendo considerablemente superior, conforme a lo expresado, por cuanto supera en exceso la inflación. Además, es superior al promedio histórico del 5.7% decretado entre 2006 y 2019.
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Y aunque, a primera vista, y de manera desprevenida, podría parecer un avance hacia el bienestar de los trabajadores, la realidad resulta ser mucho más compleja de lo que parece, habida cuenta de los impactos económicos y empresariales que traerá consigo esta medida, dentro de los que enunciamos los siguientes:
- sMayor costo por hora trabajada:
Con la reducción gradual de la jornada laboral semanal, iniciativa esta del Centro Democrático consignada en la Ley 2101 de 2021 y que fue concertada con los empresarios, el impacto real para estos no se limita al incremento del salario mínimo, sino al aumento proporcional en el costo por hora trabajada. Para 2025, este aumento será del 14.4%, un porcentaje que está fuera del alcance de muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Esto se traduce en una presión financiera adicional que muchas, simplemente, no podrán soportar. - Incremento de la informalidad:
En un país donde más del 50% de los trabajadores y 5.6 millones de negocios ya operan en la informalidad, este desbordado incremento incentivará aún más esta tendencia. Los empresarios que no puedan absorber los costos buscarán alternativas como la reducción de personal, el paso a esquemas informales de pago o incluso el cierre de operaciones. - Efecto inflacionario:
Este aumento del salario mínimo tiene un efecto cascada sobre otros costos laborales, como las prestaciones sociales y los recargos por horas extras, domingos y festivos. Además, la indexación de otros bienes y servicios al salario mínimo incrementará la inflación, complicando aún más la economía de los hogares y dificultando el cumplimiento de la meta inflacionaria del Banco de la República. - Menor generación de empleo:
Contrario al objetivo de mejorar las condiciones laborales, estas medidas podrían generar un aumento en el desempleo formal. Las MIPYMES, que son responsables de gran parte del empleo en Colombia, estarán menos dispuestas a contratar nuevos trabajadores o mantendrán sus operaciones con personal mínimo.
Así las cosas, el incremento del salario mínimo, en el sentido ordenado, no solo se percibe como populista, sino como una decisión alejada de la realidad económica del país. Mientras el Gobierno busca proyectar una imagen de defensa de los trabajadores, esta medida podría convertirse en el peor regalo de Navidad para millones de colombianos.
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El sector empresarial, representado por gremios como Fenalco, ha advertido de las consecuencias de esta política. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, lo resume acertadamente: «Pone en riesgo la viabilidad de cientos de micro, medianas y pequeñas empresas, afecta la generación de nuevos empleos y fomenta la informalidad.»
Este panorama económico desfavorable complica aún más el debate sobre la reforma laboral, que fue aprobada en la Cámara y que seguirá su trámite en el Senado. La combinación de medidas que incrementan los costos empresariales y limitan la flexibilidad laboral no solo amenaza el empleo formal, sino que también mina la confianza del sector privado en las políticas gubernamentales.
Colombia necesita decisiones responsables que equilibren la protección de los derechos laborales con la sostenibilidad económica de las empresas. Sin embargo, este aumento del salario mínimo, sumado a las implicaciones de la reforma laboral, podría desencadenar un círculo vicioso de informalidad, desempleo y debilitamiento de la economía nacional.
En lugar de imponer políticas populistas, el Gobierno debe priorizar el fortalecimiento de las empresas y la creación de empleos formales. De lo contrario, las consecuencias de estas decisiones terminarán por afectar a quienes más necesitan protección: los trabajadores y los pequeños empresarios.
