La responsabilidad fiscal también debe llegar a la JEP.
La decisión de las comisiones económicas de reducir en $170 mil millones el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado una fuerte reacción por parte de sus directivas. Se ha hablado de asfixia económica e incluso de acudir a instancias internacionales.
Pero, en medio de esta discusión, hay algo que no podemos perder de vista: Colombia atraviesa una difícil situación fiscal y todas las instituciones del Estado tienen que hacer esfuerzos para reducir el gasto. La JEP no puede ser la excepción.
Sin embargo, este debate no es solamente presupuestal; también debe ser un debate sobre resultados. Es comprensible que un tribunal defienda su autonomía. Lo que no resulta comprensible es que esa autonomía se presente como un argumento para no responder por la utilización de los recursos públicos o por los resultados de su gestión.
Después de casi ocho años de funcionamiento, ¿cómo es posible que apenas en septiembre de 2025 la JEP haya emitido su primera sentencia contra los antiguos comandantes de las FARC por el secuestro de 21 mil personas? El caso 01 fue abierto en 2018 y solo siete años después llegó esa primera sentencia.
Estamos hablando de víctimas que llevan años esperando justicia, de familias que han esperado respuestas sobre sus seres queridos, sobre secuestros, desapariciones y otros crímenes que marcaron sus vidas. Y mientras las víctimas esperan, también existen cuestionamientos sobre la manera en que esta jurisdicción ha aplicado la justicia.
Hay sectores de víctimas que consideran que se ha actuado con mayor rigor frente a integrantes de la fuerza pública, mientras que, frente a antiguos miembros de las FARC, ha existido benevolencia.
Además, los propios procesos han mostrado una enorme complejidad jurídica. Los exjefes de las FARC han utilizado recursos y mecanismos legales para controvertir las actuaciones de la jurisdicción, y el Estado tiene la obligación de garantizar que esas herramientas no terminen convirtiéndose en obstáculos para que las víctimas obtengan justicia.
Por eso, cuando se habla de presupuesto, también tenemos que hablar de eficiencia. Como integrante de la Comisión Tercera, considero que la reducción aprobada responde a una realidad fiscal que no podemos ignorar, pero también debe servir para exigir algo fundamental: más resultados, más eficiencia y justicia para quienes llevan años esperando una respuesta.
Porque la responsabilidad fiscal es una obligación con los colombianos, pero garantizar justicia también es una obligación con las víctimas.
La JEP debe cumplir su misión; el Congreso debe ejercer su función de control y aprobar un presupuesto responsable. Y las víctimas tienen derecho a una justicia que no solo prometa resultados, sino que sea también capaz de entregarlos.