A portas de conocer la decisión de segunda instancia en un juicio histórico, estoy convencido de que URIBE será declarado INOCENTE.
La expectativa en torno al futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a encender el debate nacional. A pocos días de conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre su proceso penal, el país parece dividido entre quienes claman por una condena ejemplar y de quienes luego de hacer seguimiento a las 67 audiencias y casi un centenar de testimonios, estamos seguros de la inocencia de Uribe, no sólo por presunción, sino adicionalmente, porque no advertirnos prueba que lo incrimine, amén de las vicisitudes irregularidades y filtraciones evidenciadas en el transcurso del proceso, que dejaron en la opinión pública nacional, la sensación fundada, de que más que un proceso donde se persigue la justicia, de lo que se trató, fue de una infame e injusta persecución política, liderada por quienes fungieron como presuntas victimas, reconocidos antagonistas políticos del expresidente.
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La decisión de la Sala Penal número 19 del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por tres magistrados será objeto de escrutinio público durante las próximas semanas, recibiendo aplausos de un lado y críticas de otro, pero con independencia de quienes la avalen y de quienes la critiquen, será dicha decisión, gústele a quien le guste, la expresión de la institucionalidad, en desarrollo de una garantía , que también es principio y derecho, como lo es la doble instancia.
Lo cierto del caso, es que más allá del ruido mediático y de las pasiones políticas, el caso es hoy un espejo incómodo para el sistema judicial colombiano: se trata de un proceso que ha durado más de una década, que ha pasado por múltiples fiscales y jueces, en el que se han violentado las garantías y los derechos fundamentales del investigado, lo cual no lo digo yo, lo han dicho reconocido jueces en sede de tutela que han amparado los derechos fundamentales de Uribe Vélez, proceso este que a la fecha, no logra ofrecer aún, certeza jurídica definitiva
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Múltiples han sido las discusiones jurídicas que sobre el caso se han suscitado. Una de ellas la relativa a la presunción de inocencia. En los últimos días se ha repetido con ligereza que si el Tribunal confirma la condena de 12 años impuesta por la juez Sandra Liliana Heredia, Uribe deberá ser detenido de inmediato. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, eso no corresponde a la realidad. El derecho penal colombiano, en consonancia con los tratados internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que la presunción de inocencia solo se pierde o desvirtúa con una sentencia ejecutoriada, en firme, es decir, una decisión contra la cual no proceda ningún recurso.
Conforme a lo anterior, en el hipotético e improbable evento, que el Tribunal Superior de Bogotá llegase a ratificar la condena contra Uribe Vélez, la defensa del expresidente y el Ministerio Público podrían interponer un recurso extraordinario de casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Mientras ese trámite esté en curso, la sentencia por obvias razones no quedará en firme y, por tanto, la presunción de inocencia de Uribe se mantiene incólume, debiendo en consecuencia el procesado permanecer en libertad.
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Esto puede parecer una sutileza jurídica, pero no lo es. Se trata de una garantía, de un derecho fundamental que le asiste a todos los ciudadanos en un Estado Social y Democrático de Derecho. Y es por ello que hemos reiterado hasta la saciedad: Para Uribe no pedimos ni reclamamos más garantias por su condición de expresidente, pero tampoco menos, menos de las que se reconocen a los demás ciudadanos.
Quienes piden cárcel inmediata para Uribe, asumiendo que la decisión judicial que se conocerá el próximo martes 21 de octubre será condenatoria, desconocen no solo el Código de Procedimiento Penal, sino también los estándares internacionales de justicia.
Vale decir, si algo ha caracterizado este caso, es la profunda controversia en torno a las pruebas. La defensa ha insistido en que existen interceptaciones telefónicas ilícitas, realizadas sin autorización judicial válida, y que esas grabaciones fueron indebidamente incorporadas al expediente. Si el Tribunal decide excluir esas pruebas ilegales, como parece jurídicamente razonable y vaticinó que se hará, el proceso podría desmoronarse. No se trata de un tecnicismo: una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales no puede jamás, sustentar una condena.
Más allá de eso, hay un elemento que ha pasado casi inadvertido: la debilidad probatoria de la acusación. Recordemos que dos fiscales anteriores habían solicitado la preclusión de la investigación, al considerar que no existían pruebas suficientes para llevar a juicio al expresidente. Pese a ello, la Fiscalía terminó acusando.
Incluso la Procuraduría General de la Nación que funge como garante de los derechos de las partes; también de la legalidad del proceso y que solicitó la absolución de Uribe Vélez- apeló la condena y señaló la existencia de dudas razonables en los elementos probatorios. Y en materia penal, las dudas razonables siempre favorecen al acusado.
La Sala competente del Tribunal Superior de Bogotá tiene ante sí varias opciones. 1) Puede revocar la condena y absolver a Álvaro Uribe; estoy convencido que así lo hará; 2) puede anular el proceso por irregularidades en la obtención de pruebas; o 3) puede confirmar la sentencia total o parcialmente, incluso modificando la dosimetría de la pena.
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Cualquiera de estas decisiones tendrá repercusiones políticas enormes. En caso de absolución o de confirmación de la condena, el país debe entender algo esencial: ninguna de esas decisiones será definitiva como ya se dijo. La batalla jurídica continuará en la Corte Suprema de Justicia, y eventualmente si persisten las controversias sobre las interceptaciones o violaciones al debido proceso el caso podría llegar incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro tema polémico ha sido la prescripción. Uribe, renunció a la prescripción que podría haberlo beneficiado, en un gesto que muchos calificaron como arriesgado, pero que para quienes lo conocemos, nos resulta propio de su talante, pues sintiéndose Inocente como lo es, no hubiese resultado honorable para él, que su inocencia fuera fruto de un formalismo legal, y no de una decisión que expresamente lo absuelva.
Con todo, además de abonar el gesto gallardo del expresidente renunciando a la posibilidad que el caso se archivara por el transcurso del tiempo, también parece plausible, que el Tribunal Superior de Bogotá, habiéndose podido tomar mas tiempo, haya tomado una decisión con celeridad, incluso con anterioridad al vencimiento del término prescriptivo, si es que acaso Uribe no hubiere renunciado al mismo.
El caso Uribe no es solo el juicio de un expresidente. Es el juicio del modelo judicial colombiano, de su capacidad para aplicar la ley sin sesgos políticos ni presiones mediáticas. Hay que decirlo sin ambigüedades: la judicialización de la política y la politización de la justicia han convertido los estrados en escenarios de guerra ideológica. Uribe no es el único afectado. Hoy, el país entero está atrapado entre la desconfianza institucional y la instrumentalización de los procesos judiciales para fines partidistas.
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El riesgo es enorme: si se percibe que la justicia actúa por motivaciones políticas y no por rigor jurídico, se socava la legitimidad del sistema democrático. Y si un expresidente con todos los recursos legales y visibilidad mediática a su favor no puede confiar en un proceso justo, ¿qué puede esperar un ciudadano del común?
Más allá de simpatías o antipatías, el caso Uribe debe recordarnos que el debido proceso no es un privilegio, sino una garantía para todos. El principio de legalidad, la presunción de inocencia y la prohibición de pruebas ilícitas son pilares del Estado de Derecho.
Uribe podrá ser absuelto – como creo yo que ocurrirá – o condenado, pero lo que no puede ocurrir es que el país renuncie a la idea de justicia imparcial. Una justicia convertida en venganza o espectáculo mediático deja de ser justicia.
Por eso, mientras el Tribunal se prepara para leer su fallo, la pregunta que debería ocuparnos no es si Uribe irá o no a la cárcel, la pregunta debería de ser, si la justicia colombiana será capaz de decidir con independencia, serenidad y rigor jurídico, en medio de la tormenta política más prolongada de las últimas décadas.
Finalmente, recordemos el pensamiento de Ferrajoli al sostener que “Un sistema penal es garantista en la medida en que la ley penal es mínima, la ley procesal es justa, y el sistema penitenciario es humano.» . Y traigo esta cita a colación, porque estoy convencido, que las garantías que no otorgo una juez unipersonal nombrada en provisionalidad, si serán reconocidas por un juez colegiado cuyos integrantes están vinculados a la carrera judicial producto de un sistema de méritos. Eso. Eso hará una gran diferencia en esta segunda instancia, pues además de que las decisiones colegiadas son más calificadas que las unipersonales, la estabilidad que otorga la carrera a un juez frente a otro que no la tiene, le brinda mayor autonomía e independencia a la hora de proferir una decisión judicial, cualquiera, cualquiera que sea su sentido.
