El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha alcanzado nuevos niveles con la implicación de altos funcionarios del gobierno. Este jueves, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, declaró ante la Fiscalía General de la Nación, señalando al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como parte de la matriz de colaboración que detalla la presunta corrupción dentro de la entidad.
Ricardo Bonilla es el segundo ministro mencionado en este escándalo, siguiendo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según el abogado de López, José Luis Moreno, este viernes se ampliará el documento con otros 25 nombres, involucrando a diversos funcionarios y congresistas en la trama de corrupción. López ha aportado documentos, chats y pruebas de georeferenciación que podrían corroborar sus afirmaciones.
Olmedo López reveló la existencia de un supuesto “cónclave” conformado por cinco personas, entre ellos Velasco y Bonilla. Este grupo, según López, tomaba decisiones cruciales para desviar recursos de los contratos de la UNGRD, que posteriormente eran utilizados para promover reformas sociales del presidente y financiar campañas electorales. Entre los implicados, se mencionan también a Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.
Las sesiones de interrogatorio, que ya superan las 50 horas, han sido conducidas por las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz. Esta semana, López entregó 100 folios adicionales a los 300 ya presentados, conteniendo información clave sobre reuniones en el Palacio de Nariño. Se espera que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y otro testigo crucial, declare la próxima semana, aportando más detalles sobre la participación de figuras políticas de alto perfil como el Presidente del Senado Iván Name y Presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Según las declaraciones, se habrían distribuido más de 11.200 millones de pesos en sobornos a políticos. Iván Name, presidente del Senado, habría recibido 3.000 millones de pesos a través de Sandra Ortiz, mientras que Andrés Calle, presidente de la Cámara, habría recibido 1.000 millones en su apartamento en Montería. Estos fondos se destinarían a influir en las elecciones locales de octubre de 2023.
Todos los implicados han negado su participación en los hechos de corrupción. La Fiscalía continúa con las investigaciones y las sesiones de interrogatorio, que se extenderán la próxima semana, prometen revelar más detalles y posibles nuevas implicaciones en esta trama de presunta corrupción que sacude a Colombia.