El Congreso de la República aprobó una nueva ley que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas políticas en Colombia, generando una fuerte polémica entre expertos, firmas encuestadoras y sectores de la opinión pública. El proyecto, que solo espera la sanción presidencial de Gustavo Petro para entrar en vigencia, ha sido calificado por algunos como una medida necesaria para la transparencia, pero para otros, como una forma de censura que amenaza derechos fundamentales.
Restricciones clave: ¿un veto anticipado a la opinión pública?
Una de las disposiciones más controvertidas de la ley es la que prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto hasta el 1 de noviembre del año anterior a las elecciones presidenciales, fecha que coincide con el inicio del período de inscripciones de candidaturas. Esto implica un vacío informativo de al menos tres meses en plena precampaña electoral.
Según la norma solo se puedan realizar encuestas sobre candidatos con «favorabilidad manifiesta», un concepto ambiguo que podría excluir a nuevas figuras políticas del debate público.
Entrega de datos: ¿riesgo para la privacidad y la propiedad intelectual?
La ley también obliga a las encuestadoras a entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) un detallado conjunto de información técnica, que incluye:
- El código computacional usado para procesar los datos.
- Registros primarios (cuestionarios, grabaciones, bases de datos).
- Datos individuales anonimizados con estrato, edad y municipio.
- Procedimientos completos de muestreo, incluyendo listas de números para encuestas telefónicas.
Esta obligación no solo vulneraría la Ley de Protección de Datos (habeas data), sino que también pone en riesgo la propiedad intelectual de las firmas encuestadoras.
¿Quiénes impulsaron la ley?
El proyecto fue respaldado por un amplio espectro político. Entre sus principales promotores están las senadoras Paloma Valencia (Centro Democrático), Clara López (Pacto Histórico), Angélica Lozano (Alianza Verde) y el representante Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo). Su propósito declarado es fortalecer la transparencia, la rigurosidad metodológica y la equidad en el acceso a la información electoral.
Vigilancia reforzada: rol del CNE
La ley también le entrega al Consejo Nacional Electoral la tarea de vigilar la formulación de preguntas, verificar la veracidad de los datos, asegurar las buenas prácticas y sancionar posibles irregularidades. Además, el CNE deberá mantener un repositorio público con las encuestas publicadas, con actualización en un plazo máximo de cinco días tras su divulgación.
También se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación, que asesorará al CNE y emitirá recomendaciones para la implementación de la ley.
Restricciones a las firmas encuestadoras
Las firmas deberán estar registradas ante el CNE para poder publicar encuestas de carácter electoral. Además, sus representantes y miembros de junta directiva no podrán hacer aportes a campañas políticas, buscando evitar conflictos de interés.
Debate abierto: ¿protección del sistema democrático o cortapisa al debate?
Mientras los autores de la ley aseguran que esta garantizará una mejor calidad en la información que recibe la ciudadanía, críticos advierten que su aplicación puede tener el efecto contrario: restringir el debate, coartar la libertad de prensa y distorsionar la percepción pública de las elecciones.
La polémica está servida. Con la inminente firma del presidente Gustavo Petro, Colombia se prepara para estrenar una legislación que podría redefinir la forma en que se mide y comunica la opinión política en el país. La pregunta que queda es: ¿estamos ante un paso hacia la transparencia o un retroceso en la democracia informativa?
Redacción política