Por Redacción Judicial
El Gobierno de Nicaragua negó la solicitud de extradición de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien es requerido en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El régimen de Daniel Ortega no solo se negó a entregar al exfuncionario, sino que además le otorgó asilo político, invocando normas internas y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
González, cercano al círculo político del presidente Gustavo Petro, se encuentra en Nicaragua desde noviembre de 2024, donde obtuvo una cédula de residencia temporal que fue renovada en junio de este año. Para entonces, ya había sido imputado en Colombia por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, dentro del proceso penal que investiga el presunto desvío de recursos millonarios destinados a la atención de emergencias.
Nicaragua otorgó asilo político a Carlos Ramón González exdirector del DAPRE e investigado por el escándalo de la @UNGRD
En una carta enviada a la Cancillería colombiana, dicen que al exfuncionario le fue concedido el asilo, que “toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos» y que ningún extranjero puede ser devuelto a un país donde su derecho a la vida o la libertad esté en riesgo de violación.
La solicitud de extradición
El Gobierno colombiano había tramitado una nota de urgencia durante el fin de semana pasado, en la que pedía formalmente la entrega de González, sustentando el requerimiento en el tratado bilateral vigente de extradición entre ambos países.
La Cancillería, en conjunto con el Ministerio de Justicia, argumentó que se cumplían todos los requisitos de procedencia, especialmente el principio de doble incriminación (es decir, que los delitos por los cuales se solicita la extradición también están tipificados en el país requerido).
“Aquí se reúnen todos los presupuestos del tratado para que González sea enviado a Colombia”, aseguró el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, tras una reunión con la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
Sin embargo, el Gobierno de Ortega decidió denegar la entrega, escudándose en una resolución ministerial, identificada como 001-2025, mediante la cual concedió asilo político al exdirector del DAPRE.
“Carlos Ramón González Merchán, de conformidad con la resolución 001-2025 de este ministerio, le fue otorgado asilo político con base en la Constitución política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, señala el documento oficial.
Estado del proceso en Colombia
González fue imputado formalmente por la Fiscalía General de la Nación en mayo de este año, en el marco de una investigación que también involucra a otros altos exfuncionarios por la adjudicación irregular de contratos para la compra y distribución de carrotanques, kits alimentarios y otras adquisiciones de la UNGRD.
El pasado 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura con fines de judicialización, al considerar que existían elementos materiales probatorios suficientes y riesgo de obstrucción a la justicia. Para ese momento, González ya se encontraba fuera del país.
Frente a la negativa de extradición, el Ministerio de Justicia anunció que se adelanta la expedición de una circular roja de Interpol, tramitada a través de la Secretaría General en Lyon, Francia.
“Estas decisiones suelen ser rápidas”, indicó Montealegre, quien añadió que la circular internacional es una herramienta paralela para la localización y eventual detención del procesado en terceros países.
Según los estándares del derecho internacional y los tratados bilaterales de extradición, un país puede negar la entrega de una persona solicitada si se trata de:
- Delitos de carácter político;
- Situaciones en las que no existe doble incriminación;
- Riesgo de persecución por motivos ideológicos, religiosos o de opinión;
- O cuando el solicitante considera que la persona enfrenta un proceso sin garantías judiciales.
Nicaragua ha recurrido a este último argumento en otros casos recientes, lo cual ha sido objeto de reclamos diplomáticos por parte de otros países.
Mientras se define el alcance del asilo político concedido por Nicaragua, Carlos Ramón González seguirá en condición de prófugo para la justicia colombiana. La Fiscalía podría insistir en su localización mediante mecanismos multilaterales, pero la posibilidad de que enfrente un juicio en territorio nacional parece lejana por ahora.
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