El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, lideró una mesa técnica en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con el propósito de aclarar los alcances del Proyecto de Ley 02 de 2025, iniciativa que define el marco jurídico de la Paz Total.
El encuentro tuvo como eje central la socialización del proyecto ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que representa un paso clave en el proceso de construcción colectiva y validación institucional de la propuesta. A la sesión asistieron también representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y congresistas de diferentes partidos políticos.
Durante su intervención, el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, destacó que el proyecto se fundamenta en bases jurídicas sólidas y modernas:
“Este proyecto incorpora estructuras contemporáneas de imputación para violaciones masivas a los derechos humanos, tomadas del Derecho Penal Internacional. Esta no es una iniciativa improvisada, sino una propuesta rigurosa que busca consolidar la Paz Total sobre fundamentos jurídicos estables”.
Por su parte, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Myriam Ávila Roldán, compartió observaciones técnicas sobre el articulado, señalando que:
“Consideramos inconveniente que en una misma iniciativa se mezclen tres modelos distintos de justicia: transicional para grupos armados ilegales, de sometimiento y ordinaria”.
La viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Olga Lucía Claros Osorio, presentó un balance de los avances alcanzados en los diálogos territoriales realizados en Tumaco, Medellín, Bogotá y Buenaventura, e indicó que los aportes de dichos encuentros serán incorporados en la versión final del proyecto. También aseguró que los aspectos presupuestales no representarán un obstáculo para su implementación.
En cuanto a la naturaleza jurídica del trámite legislativo, el viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas, explicó que el proyecto debe tramitarse como ley ordinaria y no como estatutaria, dado que no constituye una regulación integral de derechos fundamentales, y porque la exigencia de ley estatutaria establecida en el Acto Legislativo 01 de 2012 fue transitoria y circunscrita al proceso con las FARC, por lo cual ya perdió vigencia.
El funcionario precisó además que la iniciativa busca incentivar la dejación de armas mediante beneficios proporcionales, fortaleciendo la jurisdicción ordinaria sin crear nuevas instituciones, y permanece abierta a ajustes derivados del diálogo con diversos sectores.
El representante a la Cámara Alirio Uribe resaltó que el proyecto recoge aprendizajes de procesos anteriores, como la Ley de Justicia y Paz y los Acuerdos de La Habana, fortaleciendo la base jurídica para nuevos escenarios de reconciliación.
Desde la Defensoría del Pueblo, la delegada Mariana Ardila hizo un llamado a garantizar las consultas previas en territorios étnicos, indígenas y afrodescendientes, en cumplimiento del principio de participación y enfoque diferencial.
El Gobierno nacional reiteró que el Proyecto de Ley 02 de 2025 se consolida como un instrumento incluyente y técnicamente sólido, construido a partir de los aportes de los altos tribunales, el Congreso, la Defensoría del Pueblo y las comunidades, garantizando legitimidad social y seguridad jurídica en la ruta hacia la Paz Total en Colombia.
