Contraloría pide que la conectividad sea un derecho y no un privilegio en Colombia
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre la persistente brecha digital en el país, advirtiendo que el acceso a internet no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos, sino un derecho fundamental que garantice equidad territorial, inclusión social y desarrollo humano.
El pronunciamiento se dio en el marco de la ponencia “Desde la Brecha Digital hacia la Conectividad Significativa”, donde la entidad reveló profundas desigualdades en el acceso y uso de internet. Mientras en Bogotá las velocidades de conexión superan los 250 Mbps, en zonas apartadas como el Amazonas una docente debe enseñar con apenas 5 Mbps disponibles.
La Contraloría recalcó que la brecha digital va más allá de la infraestructura: se trata de un obstáculo estructural que limita el derecho a la educación, el trabajo y el acceso a la salud. En departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, menos del 34,1 % de los hogares cuentan con conexión, y a nivel nacional más del 59 % de los hogares desconectados aseguran que el alto costo del servicio es la principal barrera.
Los datos del DANE muestran además que la digitalización en el sector productivo sigue siendo incipiente. Aunque el sector TIC aportó en promedio un 3,8 % al PIB entre 2014 y 2022, su peso relativo ha disminuido. Apenas el 5,8 % de las industrias utilizan inteligencia artificial y solo el 10,2 % hacen analítica de datos.
Otro punto señalado fue el uso del espectro radioeléctrico, que la Contraloría definió como un bien público que debe maximizar el bienestar social. Si bien entre 2019 y 2023 se asignaron 460 MHz que generaron más de $6 billones para la Nación, aún no se ha medido adecuadamente su impacto social y territorial, incumpliendo la obligación legal de valorar su contribución al bienestar.
La entidad planteó una hoja de ruta hacia la conectividad significativa que incluye: rediseñar los indicadores de progreso digital con enfoque en bienestar, crear marcos normativos diferenciales para territorios excluidos, consolidar una canasta básica TIC que incluya conectividad, dispositivos y formación en habilidades digitales, y fortalecer una gobernanza digital articulada.
“El mensaje es claro: no basta con estar conectados. La conectividad debe transformar vidas”, concluyó la Contraloría.
