En un fallo que ya empieza a ser descrito como un posible “momento Big Tobacco” para las tecnológicas, un jurado de Los Ángeles concluyó que Instagram y YouTube fueron diseñadas de forma adictiva y que sus dueños, Meta y Google, actuaron con negligencia frente a los daños que esos productos causaron a una joven identificada judicialmente como Kaley. El jurado ordenó una indemnización total de 6 millones de dólares, repartida en 3 millones por daños compensatorios y 3 millones en daños punitivos, con un reparto de responsabilidad del 70% para Meta y del 30% para Google.
La decisión es extraordinaria no solo por la cuantía, sino por lo que reconoce: que el daño no se atribuyó principalmente al contenido subido por terceros, sino al diseño mismo de las plataformas. Ese detalle jurídico puede resultar decisivo, porque abre una grieta en la histórica protección que las grandes tecnológicas han tenido en Estados Unidos bajo la Sección 230, una norma que suele blindarlas de responsabilidad por lo que publican los usuarios. En este caso, los demandantes centraron la acusación en herramientas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y los sistemas algorítmicos de recomendación, mecanismos pensados para retener la atención durante más tiempo.
El caso giró en torno a Kaley, hoy de 20 años, quien declaró que empezó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los nueve, sin que ninguna de las plataformas le cerrara el paso por edad. Según su testimonio, con el tiempo dejó de relacionarse con su familia porque pasaba gran parte del día conectada; a los 10 años comenzó a sufrir ansiedad y depresión, y más tarde fue diagnosticada con dismorfia corporal, un trastorno que altera la percepción de la propia apariencia física. También relató que el uso de filtros en Instagram, que reducían rasgos como la nariz y agrandaban los ojos, agravó su obsesión con su imagen. El proceso judicial vinculó ese consumo compulsivo con depresión, pensamientos suicidas y un profundo deterioro de su salud mental.
Esa es precisamente la “adicción” de la que hablaron los abogados de la demandante y varios expertos en el juicio: no una adicción reconocida en todos los sistemas médicos como si fuera una sustancia, sino un uso compulsivo y persistente impulsado por un diseño que premia la permanencia, refuerza hábitos automáticos y dificulta la desconexión, especialmente en menores. En el expediente se discutieron funciones como el scroll infinito, el autoplay y las recomendaciones diseñadas para incrementar el tiempo de uso. Los demandantes sostuvieron que Meta y YouTube construyeron verdaderas “máquinas de adicción”; las empresas lo negaron y anunciaron apelaciones.
La reacción de las compañías fue inmediata. Meta afirmó que la salud mental adolescente es “profundamente compleja” y no puede atribuirse a una sola aplicación, mientras que Google insistió en que YouTube es una plataforma de streaming “construida responsablemente” y no una red social en sentido estricto. Ambas compañías dijeron que apelarán. Aun así, el golpe reputacional es fuerte: el veredicto llega justo después de otra derrota judicial para Meta en Nuevo México, donde un jurado la responsabilizó por exponer a menores a material sexual explícito y al contacto con depredadores, con una sanción de 375 millones de dólares.
El contexto vuelve el fallo todavía más delicado para Silicon Valley. Este juicio es visto como un caso piloto dentro de una ola mucho más amplia: medios estadounidenses reportan que hay miles de demandas similares en curso contra plataformas por daños a niños y adolescentes. TikTok y Snap, que inicialmente también figuraban en la demanda de Kaley, prefirieron llegar a acuerdos antes de sentarse ante el jurado. Para muchos observadores, esa cadena de litigios puede empujar a nuevas transacciones multimillonarias, cambios de diseño e incluso legislación específica para proteger a menores.
Las pruebas del juicio también añadieron combustible político. Durante el proceso se revisaron documentos internos y testimonios que, según los demandantes, mostraban que Meta conocía desde hace años la presencia de menores en sus productos y debatía internamente cómo aumentar el uso entre adolescentes. Mark Zuckerberg compareció ante el jurado y negó que la empresa estuviera siendo descrita de forma correcta por los abogados de la demandante, aunque reconoció que siempre quiso avanzar más rápido para identificar a usuarios menores de 13 años. El fallo deja a la vista un dilema de fondo: el negocio de estas plataformas depende de captar atención y convertir el tiempo de pantalla en ingresos publicitarios.
En redes y en el debate público, la sentencia fue recibida como una forma de reivindicación por familias, activistas y campañas de seguridad digital. Afuera del tribunal, padres de otras víctimas abrazaron a la familia demandante y celebraron el resultado como un punto de inflexión. La británica Ellen Roome, que también impulsa acciones tras la muerte de su hijo, dijo que el caso representa un “hasta aquí” frente a las plataformas. El príncipe Harry y Meghan Markle hablaron de un ajuste de cuentas y pidieron que la seguridad de los niños se ponga por encima del beneficio. Analistas como Mike Proulx, de Forrester, interpretaron los fallos consecutivos contra Meta como un “punto de quiebre” en la relación entre la opinión pública y las grandes plataformas.
La repercusión política ya se siente fuera de Estados Unidos. En Reino Unido, el veredicto alimentó de inmediato la discusión sobre prohibir o restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales. El mismo 26 de marzo, la Cámara de los Lores volvió a empujar un modelo parecido al australiano, mientras el primer ministro Keir Starmer prometió actuar contra las “funciones adictivas” de estas plataformas. Australia ya había bloqueado cuentas de redes sociales para menores de 16 años, y otros países europeos estudian medidas equivalentes. La decisión del jurado angelino, por tanto, no queda encerrada en California: refuerza un clima regulatorio internacional que venía endureciéndose.
¿Qué significa todo esto para el futuro de Big Tech? En lo inmediato, que Meta y Google entran en una fase de apelaciones complejas. En el mediano plazo, que podrían enfrentarse a más demandas centradas no en “lo que publica la gente”, sino en cómo están construidos sus productos. Y en el largo plazo, que la industria podría verse forzada a rediseñar elementos que hoy son el corazón de su modelo: autoplay, scroll infinito, recomendaciones hiperpersonalizadas, notificaciones insistentes y sistemas de retención de usuarios. Si los tribunales consolidan la idea de que esas decisiones de producto pueden generar responsabilidad legal, la conversación global sobre redes sociales dejará de girar solo alrededor de la moderación de contenido y empezará a enfocarse, cada vez más, en la arquitectura de la adicción digital.
Dicho de otra forma: el jurado no solo compensó a una joven por el daño sufrido. También envió una señal al resto de la industria. La era en la que las plataformas podían alegar que solo eran intermediarias parece estar entrando en crisis. Y si los tribunales superiores confirman esta línea, marzo de 2026 podría quedar registrado como el mes en que las redes sociales dejaron de ser vistas únicamente como espacios de conexión y empezaron a ser tratadas, también, como productos potencialmente peligrosos para la salud pública de los menores.