El país vuelve a enfrentar una dolorosa discusión sobre los límites de la guerra y la protección de los niños en medio del conflicto armado. Este sábado, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que siete menores de edad murieron en el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de Iván Mordisco en zona rural del Guaviare, operación que dejó en total 20 integrantes de esa estructura armada muertos.
La cifra de menores fue confirmada por el director de la entidad, Ariel Cortés, quien detalló que “cuatro cuerpos fueron identificados con género femenino, y tres con masculino”. El funcionario explicó que los restos llegaron a las sedes de Villavicencio y San José del Guaviare el pasado 12 de noviembre, donde un equipo interdisciplinario realizó las necropsias y análisis técnicos.
“El trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por expertos forenses de las áreas de medicina, antropología, entre otras, permitió establecer que 13 de los cuerpos corresponden a hombres, y siete a mujeres”, informó Cortés.
A través de procedimientos dactiloscópicos se identificaron 16 de los fallecidos, mientras que los cuatro restantes fueron reconocidos mediante análisis odontológicos. En su reporte final, el director concluyó:
“Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos sin vida recibidos por el instituto son de menores de edad: de género femenino cuatro, y de género masculino, tres”.
Los informes forenses ya fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las investigaciones pertinentes.
La defensora del Pueblo: alerta por reclutamiento y llamado a la precaución militar
El primer pronunciamiento público lo hizo la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien confirmó que entre los muertos había menores y advirtió sobre el uso de niños por parte de las disidencias como estrategia para dificultar acciones militares.
La funcionaria rechazó de manera categórica que los grupos armados involucren a adolescentes en operaciones y campamentos insurgentes, práctica prohibida por el Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, pidió a las Fuerzas Militares extremar la protección en escenarios donde exista riesgo de presencia de menores reclutados.
La Defensoría recordó que el reclutamiento forzado es un crimen de guerra y una infracción grave del DIH, y subrayó que la responsabilidad inicial por la muerte de estos siete menores recae en las estructuras de Iván Mordisco, que continúan expandiendo sus acciones violentas en Guaviare.
La respuesta del presidente Gustavo Petro: “Decisión riesgosa, bombardear antes que lleguen a su objetivo. Eso hice”
Tras conocerse la confirmación de Medicina Legal, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje justificando la operación y respondiendo a las críticas de sectores de oposición por el uso de bombardeos en escenarios con posible presencia de menores.
Teníamos 150 hombres de alias Mordisco fuertemente armados avanzando por la selva del Guaviare en dirección a un pelotón de 20 soldados a los que yo podía reforzar con munición, pero podían tambien ser emboscados o contra emboscados.
Este es el mensaje completo del jefe de Estado, tal como lo compartió:
“Se las dan de duros para conseguir votos y ahora se ponen blandos, ahora la oposición critíica nuestras acciones militares porque se muestra la dureza de la guerra.
Una situación militar se valora concretamente y es el presidente el que toma la última decisión.
Teníamos 150 hombres de alias Mordisco fuertemente armados avanzando por la selva del Guaviare en dirección a un pelotón de 20 soldados a los que yo podía reforzar con munición, pero podían tambien ser emboscados o contra emboscados.
Perderíamos 20 jóvenes al servicio del estado y la sociedad.
Decisión riesgosa, bombardear antes que lleguen a su objetivo.
Eso hice.
Claro que lo esencial en la guerra es ganar al pueblo y transformar el territorio. Es lo que he hecho bajo sus críticas.
Pero mi política de paz ha estado acompañada de acción militar cuando toca.
Recobré, sin muertos el Poblado en el Cauca, buena parte del cañón del Micay. La expansión de cultivos de hoja de coca se ha detenido según mapas del 2025.
La sustitución avanza.
Quienes no quieren la paz han recibido neutralización de sus combatientes por decenas, decenas de fusiles recuperados, incautación es por miles de toneladas cocaína. La mayor en al historia del mundo.
La acción del EMC en Mondom,Cauca, es para reaccionar frente a su derrota, 35 de sus combatientes neutralizados, 35 fusiles, varias ametralladoras, varios de sus mandos.
En mi gobierno gracias a la presión militar hemos recatado 2.411 niños de las garras de los grupos armados del narco en lo que va de mi gobierno.”
Contexto del operativo en Guaviare
La operación aérea contra las disidencias del EMC se produjo en un corredor selvático utilizado para movilidad de columnas armadas y narcotráfico. De acuerdo con información preliminar, los 20 integrantes neutralizados pertenecían a una estructura que se desplazaba armada hacia una zona donde operaba un pelotón del Ejército, lo que —según el Gobierno— representaba un riesgo inminente para la tropa.
Las Fuerzas Militares han insistido en que el ataque se realizó bajo parámetros del Derecho Internacional Humanitario y que la presencia de menores, en caso de haber sido identificada, habría modificado el tipo de operación. Sin embargo, Medicina Legal confirmó que siete de los muertos sí eran menores, algunos de ellos mujeres adolescentes de entre 14 y 17 años.
Un debate que vuelve: ¿es posible bombardear sin afectar a menores reclutados?
El caso revive una de las discusiones más sensibles del conflicto colombiano: la tensión entre acción militar ofensiva y la protección reforzada de los menores reclutados.
Mientras la Defensoría del Pueblo insiste en que las fuerzas estatales deben “tomar todas las precauciones factibles”, expertos en DIH señalan que las operaciones aéreas en campamentos donde hay combatientes con funciones continuas de combate pueden derivar en daños a quienes —aunque reclutados— participan activamente en estructuras armadas.
Organizaciones de derechos humanos alertaron que este tipo de escenarios requieren protocolos más estrictos, pues la línea entre un objetivo militar legítimo y un menor reclutado sigue siendo uno de los dilemas éticos más profundos del conflicto.
¿Qué viene ahora?
La Fiscalía General recibirá los informes forenses para determinar si hubo violación a normas del DIH y si la operación cumplió los estándares de necesidad, proporcionalidad y distinción.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la acción como un golpe contra una estructura armada en expansión, mientras sectores políticos piden explicaciones sobre la presencia de menores en el área bombardeada.
La muerte de estos siete menores vuelve a poner sobre la mesa una tragedia recurrente: los niños que la guerra recluta y las decisiones que el Estado debe tomar ante amenazas inminentes en territorios donde impera la violencia.