La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Miller Leonardo Garrafa Neira, conocido con los alias de Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio; Angie Liseth Jaramillo Arias, alias La Crespa; y Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, señalados integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc, presuntamente implicados en el asesinato de ocho líderes religiosos y sociales ocurrido el pasado 4 de abril en zona rural de Calamar, Guaviare.
De acuerdo con la investigación, los tres procesados habrían participado en la planeación y ejecución de la desaparición y posterior homicidio de las víctimas, a quienes acusaron erróneamente de querer conformar una estructura del ELN en la región, debido a que provenían del departamento de Arauca.
Según los elementos probatorios, Garrafa Neira, quien sería el cabecilla del grupo armado, habría ordenado citar a los líderes religiosos para que dieran explicaciones sobre los supuestos vínculos con el ELN. Sin embargo, al acudir al encuentro, las víctimas fueron retenidas por hombres armados, trasladadas a una zona selvática conocida como Cofre, en inmediaciones del río Itilla, donde fueron asesinadas con armas de fuego. Posteriormente, sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común y se intentó eliminar cualquier rastro que permitiera su ubicación.
Por su parte, alias Yucape habría custodiado a las víctimas y coordinado al grupo que brindó seguridad al componente encargado de materializar el crimen. Además, estaría involucrado en amenazas a la comunidad local para evitar que denunciaran los hechos o entregaran información a las autoridades.
Mientras tanto, Angie Liseth Jaramillo Arias, quien se desempeñaba como secretaria en la Personería de Calamar, presuntamente entregó información clave sobre los movimientos de las víctimas y las zonas de presencia de la fuerza pública, lo que habría facilitado la acción criminal. La investigación también la vincula con el frente Armando Ríos y la filtración de información sobre operativos militares.
Los tres capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo y personal. Ninguno aceptó los cargos.
Cabe recordar que los cuerpos de las víctimas fueron exhumados y entregados a sus familias en julio pasado, tras un trabajo conjunto entre la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
