Durante los últimos dos años, Colombia ha enfrentado una creciente ola de conflictos sociales en el sector transporte, según revela un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.
Entre 2022 y abril de 2024, se registraron un preocupante total de 665 eventos conflictivos en 227 municipios y la capital del país, abarcando 28 departamentos.
Antioquia lidera la lista con 69 casos, seguido de Bogotá con 65, Santander con 54, y otras regiones como Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, y Valle del Cauca también reportan cifras significativas. Estos conflictos han abordado demandas variadas, desde infraestructura (39%) hasta competitividad (31%) y regulación (22%).
Las manifestaciones predominantes incluyen cierres y bloqueos (54%), concentraciones (20%), y marchas (13%), reflejando la profundidad de las preocupaciones sociales en torno al transporte terrestre.
La Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno Nacional a implementar políticas inclusivas que aborden las necesidades de todos los actores involucrados, mejorando así la seguridad, la infraestructura y la regulación del sector. Además, se subraya la importancia de fortalecer las alianzas público-privadas para mejorar las vías terciarias y garantizar un acceso equitativo a servicios esenciales y mercados para las poblaciones marginadas.
A pesar de las medidas implementadas hasta ahora, la entidad ha destacado la insuficiencia de las respuestas gubernamentales frente a la complejidad y la persistencia de los conflictos, enfatizando la necesidad urgente de un diálogo más constructivo y continuo entre todos los involucrados.