Bogotá, 26 de agosto de 2025 — El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicará esta semana la ponencia final de la investigación administrativa sancionatoria contra la campaña presidencial Petro Presidente 2022, en la que se manifiesta que hubo una presunta violación sustancial a los topes legales de financiación por más de 3.500 millones de pesos, y se propone una millonaria multa de 4.000 millones al entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
La ponencia, que será discutida por la Sala Plena del CNE, fue elaborada por los magistrados Álvaro Hernán Prada(Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes sustentan que durante las dos vueltas de la contienda presidencial de 2022, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro habría excedido los límites de financiación establecidos por la normativa electoral vigente.
En la investigación del CNE SE desestimaron algunos de los cargos iniciales —como aquellos relacionados con los vuelos contratados a través de la Sociedad Aérea de Ibagué—, pero mantuvo otros elementos probatorios clave, entre ellos:
- Aportes económicos provenientes de la Unión Sindical Obrera (USO).
- Transferencias efectuadas por Fecode (Federación Colombiana de Educadores).
- Ingresos provenientes del partido Polo Democrático Alternativo.
- Y una factura girada por un medio de comunicación vinculada a la contratación de espacios de difusión.
Con base en estos hallazgos, la ponencia no solo propone sancionar a Roa, sino también extender las responsabilidades a otros miembros del equipo financiero y político de la campaña, incluyendo la tesorera Lucy Aydée Mogollón, los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, quienes avalaron la candidatura.
Un camino jurídico accidentado
La presentación de esta ponencia estuvo precedida por una serie de obstáculos procesales. En particular, la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) fue apartada del expediente tras una recusación presentada por el abogado Hollman Ibáñez.
La recusación se fundamentó en presuntas inhabilidades para continuar conociendo el caso, dada su cercanía política con los investigados.
Requiere seis votos para ser aprobada
Ahora, para que la decisión propuesta por los magistrados Prada y Ortiz adquiera fuerza vinculante, es necesario que sea aprobada por al menos seis de los nueve magistrados que componen la Sala Plena del CNE.
A pesar de que la salida de Velásquez podría mejorar las probabilidades de aprobación, el escenario no está del todo despejado. El reciente ingreso del magistrado Álvaro Echeverry, en reemplazo de César Lorduy (quien renunció para evaluar aspiraciones políticas de cara a 2026), introduce una nueva variable. Aunque Echeverry fue ternado por Colombia Justa y Libres, se le reconoce una cercanía con el gobierno Petro, lo cual podría incidir en su voto.
Competencia y vencimiento de términos
Cabe recordar que, en el curso del proceso, el CNE investigó inicialmente al propio presidente Petro. No obstante, la Corte Constitucional determinó que el organismo no tiene competencia para investigar al Jefe de Estado, por lo que las actuaciones se limitaron a los responsables de la campaña.
Paralelamente, la defensa del Pacto Histórico ha alegado el presunto vencimiento de términos, argumentando que ya se habrían superado los tres años que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para finalizar investigaciones de este tipo. Este aspecto también será objeto de discusión en la Sala Plena y podría jugar un papel clave en el resultado final.
¿Qué viene ahora?
La discusión y votación de esta ponencia será determinante para definir si los responsables de la campaña Petro Presidente 2022 deberán enfrentar sanciones económicas y administrativas. En caso de ser aprobada por la mayoría calificada, las decisiones serán de obligatorio cumplimiento y podrán ser impugnadas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
