Fiscal federal argentino abre causa penal contra el expresidente por crímenes de lesa humanidad en relación con ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno.
Un fiscal federal argentino ha aceptado la denuncia presentada por familiares de víctimas y diversas organizaciones no gubernamentales contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. La causa, abierta por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a investigar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante el mandato de Uribe (2002-2010), específicamente en relación con los conocidos «falsos positivos».
Once víctimas y tres organizaciones, entre ellas el Colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), han presentado la acción judicial ante el juez federal argentino Sebastián Ramos. Este proceso se sustenta en la llamada jurisdicción universal, permitiendo investigar y juzgar a autores de crímenes en cualquier parte del mundo si en el país de origen no se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes.
La investigación se centra en los «falsos positivos», ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas colombianas durante la lucha contra grupos guerrilleros. Stornelli ha solicitado al juez la práctica de pruebas y toma de testimonios de los familiares de las víctimas que han denunciado al exmandatario.
En su declaración, Stornelli invocó el principio de jurisdicción universal respaldado por el «artículo 118 in fine de la Constitución Nacional, la ley 26.200, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación». Este principio establece que los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados incluso fuera del lugar donde ocurrieron.
La investigación se extiende al periodo comprendido entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, abarcando un total de 6112 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Stornelli señaló que la comunidad internacional es competente para perseguir delitos contra la humanidad, y el Estado que ejerza la competencia lo hace en representación de la misma.
Las denuncias presentadas corresponden a casos específicos, como los asesinatos de Luís Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo, y la desaparición forzada de otras siete víctimas aún no identificadas. Se alega que estas muertes ocurrieron a manos de elementos de las Fuerzas Armadas colombianas, que presentaron los casos como bajas en combate.
Álvaro Uribe Vélez, en respuesta a las acusaciones, emitió un comunicado detallando las acciones de su gobierno para descubrir las ejecuciones extrajudiciales. Argumentó que su administración tomó medidas significativas, como ordenar que los guerrilleros dados de baja fueran tratados por Medicina Legal en lugar de ser transportados por las Fuerzas Militares.
Las decisiones tomadas durante su mandato, como investigar las bajas en batalla a través de la Fiscalía General de la Nación en lugar de la justicia militar, llevaron al descubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales en 2006. Uribe afirmó que las críticas recibidas durante su gobierno buscaban el bienestar de los colombianos y desafió a las organizaciones a acusar al gobierno actual por casos recientes de violencia en el país.
Este proceso judicial en Argentina agrega una nueva dimensión a las controversias en torno a Álvaro Uribe Vélez, quien ahora se encuentra en el centro de una investigación internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
