El Tribunal Superior de Bogotá avaló el procedimiento de captura de los exministros y ordenó su reclusión preventiva mientras avanza el proceso por presuntos delitos contra la administración pública
La magistrada María Leonor Oviedo del Tribunal Superior de Bogotá legalizó este viernes las capturas de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por su presunto papel en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y proyectos del Invías.
La decisión fue adoptada durante la audiencia de legalización de captura, solicitada por la Fiscalía General de la Nación, en la que la magistrada Oviedo avaló la legalidad del procedimiento y ordenó que ambos exfuncionarios permanezcan recluidos de manera preventiva en un establecimiento carcelario, cuya definición quedó en manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Bonilla y Velasco son investigados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de un proceso que indaga el presunto direccionamiento de contratos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República.
Así se produjeron las capturas
Ricardo Bonilla fue capturado en la noche del jueves 18 de diciembre, minutos después de concluir una audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, una vez se conoció que la decisión judicial contemplaba la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Tras su detención, el exministro pasó la noche en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.
En contraste, Luis Fernando Velasco, quien se encontraba en su residencia en la ciudad de Cali, se presentó voluntariamente ante las autoridades, quedando de inmediato a disposición de la justicia. Ambos permanecían, al momento de la diligencia, en centros de reclusión inmediata y se conectaron a la audiencia de forma virtual.
Durante la diligencia, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron impartir legalidad a las capturas, petición que fue avalada por la magistrada. Los exministros manifestaron que durante los procedimientos se respetaron sus garantías procesales.
La defensa y el estado de salud de Bonilla
Durante la audiencia, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla de 76 años, expuso ante la magistrada su situación médica, al advertir que padece condiciones de salud que requieren seguimiento especializado.
“Respecto a mi estado de salud, señora magistrada, he sufrido un episodio de isquemia transitoria hace tres meses y estoy en controles para evitar que se vuelva a presentar. Estos controles implican una larga cadena de citas médicas con especialistas. Hoy tenía una cita con el neurólogo que no pude cumplir… tendré presente, hacia adelante, cómo manejaré estos procedimientos médicos”, señaló Bonilla.
La Procuraduría General de la Nación solicitó reconsiderar la medida de aseguramiento para el exministro, al tratarse de un adulto mayor de 76 años, petición que fue dejada constancia en el expediente. No obstante, la magistrada indicó que dichas consideraciones deberán analizarse en el marco de las solicitudes que presenten las defensas.
Cárcel, pese a solicitud de detención domiciliaria
Un aspecto que marcó la diligencia fue que, pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria, el Tribunal optó por imponer una medida de aseguramiento más restrictiva, ordenando la reclusión en establecimiento carcelario, decisión que ha generado debate en el ámbito judicial.
La magistrada señaló que la gravedad de los hechos investigados y el rol que habrían desempeñado los exministros dentro del presunto entramado criminal hacían insuficiente una medida menos restrictiva.
Bonilla y Velasco podrían ser trasladados a la cárcel La Picota de Bogotá o a otro centro de reclusión que determine el Inpec, mientras avanza el proceso penal.
“La ausencia de cargo público no neutraliza el riesgo”
En su decisión, de ordenar cárcel la magistrada del Tribunal explicó que el hecho de que los exfuncionarios ya no ejerzan cargos públicos no elimina los riesgos que, a juicio del Tribunal, representan para el proceso y el interés público.
“La ausencia de cargo público de los implicados no neutraliza el riesgo, pues la Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas y operaban a través de terceros”, señaló la magistrada.
Añadió que el análisis del riesgo no se limita a la capacidad de desplazamiento físico de los imputados, sino a su capacidad de articulación e intermediación dentro de esquemas complejos de criminalidad contra la administración pública.
Un entramado criminal con vocación de permanencia
Durante la exposición de motivos, la magistrada Rosero fue enfática en que, según el material probatorio presentado por la Fiscalía, los exministros no habrían actuado de manera aislada.
“Los imputados no actuaron de manera episódica o aislada, sino que habrían integrado, desde posiciones de liderazgo, un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”, sostuvo.
Según el análisis judicial, los exfuncionarios habrían articulado, promovido y coordinado, a través de terceros, un esquema reiterado de direccionamiento contractual en entidades como la UNGRD y el Invías, con el objetivo de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público del Gobierno Nacional.
Cifras bajo investigación
Durante la audiencia y en informes divulgados públicamente, se mencionó el presunto direccionamiento de 74 proyectos en Invías y cinco en la UNGRD, por un monto superior a 612.000 millones de pesos, recursos que habrían sido utilizados como parte del esquema investigado.
Lo que sigue en el proceso
Con la legalización de las capturas y la confirmación de la medida de aseguramiento intramural, los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco deberán enfrentar el proceso penal privados de la libertad, mientras la Fiscalía avanza en la recolección y presentación del material probatorio dentro del caso UNGRD.
Ninguno de los dos exfuncionarios aceptó los cargos imputados y sus defensas han reiterado que solicitarán la revisión de la medida de aseguramiento, así como la práctica de pruebas que, según sostienen, demostrarían su inocencia.