En la primera semana del nuevo gobierno de Donald Trump, los inmigrantes en Estados Unidos han comenzado a sentir los efectos de las nuevas medidas de inmigración implementadas por la administración. El presidente firmó una serie de decretos ejecutivos que otorgan al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mayores poderes para acelerar las deportaciones y ampliar el grupo de inmigrantes sujetos a deportación, particularmente a través de un procedimiento conocido como «expulsión acelerada».
Esta medida amplía las facultades del ICE para deportar a los inmigrantes sin necesidad de que un juez de inmigración intervenga. Además, del decreto de suspensión de los vuelos destinados a la reubicación de refugiados.
El memorando, firmado por el jefe en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, ofrece a los funcionarios del ICE una hoja de ruta sobre cómo utilizar poderes de amplia gama que estaban reservados solo a los encuentros en la frontera sur para expulsar rápidamente a los migrantes.
¿Qué es la “Expulsión Acelerada”?
La “expulsión acelerada” es un procedimiento de deportación que permite a las autoridades expulsar a un inmigrante sin necesidad de pasar por una audiencia ante un juez de inmigración. Este proceso se ha utilizado tradicionalmente en la frontera, donde los inmigrantes detenidos por cruzar ilegalmente son rápidamente deportados. Sin embargo, bajo la nueva administración de Trump, el alcance de esta medida se amplía para incluir a inmigrantes indocumentados en cualquier parte del país, siempre que no puedan demostrar que han vivido en EE.UU. de manera continua durante los últimos dos años.
Según el American Immigration Council, este tipo de deportación se puede aplicar a personas que no han estado en el país por más de dos años, y normalmente no tienen derecho a apelar la orden de expulsión. Además, aquellos sujetos a expulsiones aceleradas enfrentan una prohibición de reingreso de cinco años, lo que aumenta las consecuencias para quienes intenten regresar a Estados Unidos tras haber sido deportados.
Los dos programas del expresidente Joe Biden habían sido muy criticados por los republicanos y funcionarios del gobierno de Trump, por considerarlos que facilitaban la migración ilegal, a estas personas se les concedia una ayuda para permanecer en Estados Unidos durante un máximo de dos años bajo un estatus legal temporal conocido como “libertad condicional”.
Alrededor de 1,4 millones de migrantes entraron en el país a través de los dos programas
En las últimas horas el Departamento de Estado envió un mensaje en la red social X:
“ELNDepartamento de Estado ya no emprenderá ninguna actividad que facilite o fomente la migración masiva. Lea más sobre las prioridades y la misión del Departamento de Estado de la segunda Administración Trump: state.gov/priorities-and…”
Una de las modificaciones clave de la nueva administración es la aplicación de las expulsiones aceleradas dentro del territorio estadounidense, no solo en la frontera. Esto significa que aquellos que son detenidos en el interior del país, fuera de las áreas fronterizas, y que no pueden probar que han vivido en Estados Unidos durante al menos dos años, serán sometidos a este proceso de deportación acelerada. Este cambio tiene el potencial de afectar a miles de inmigrantes indocumentados que se encuentran lejos de la frontera y que, bajo las políticas anteriores, podrían haber tenido la oportunidad de apelar su caso ante un juez de inmigración.
El concepto de la “expulsión acelerada” no es nuevo. Fue introducido en 1996 como parte de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, y originalmente se aplicaba a los inmigrantes que intentaban ingresar al país sin la documentación adecuada. La medida se utilizaba principalmente en las zonas fronterizas para deportar a personas que no cumplían con los requisitos de entrada. Sin embargo, con la implementación de las nuevas políticas de Trump, este procedimiento se ha expandido a todo el país, lo que genera una mayor incertidumbre y preocupación entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos.
El Congreso de EE. UU. Aprueba una Medida para Deportar a Migrantes Acusados de Delitos: Un Paso Más en la Ofensiva Contra la Migración
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley que requiere la detención y deportación de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos. Esta es la primera legislación aprobada en el nuevo Congreso y se dirige directamente al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.
Con una votación de 263 a favor y 156 en contra, la medida resalta el creciente consenso bipartidista en torno a un enfoque más duro hacia la inmigración ilegal. Este proyecto, denominado Ley Laken Riley, se enmarca dentro de una ofensiva más amplia impulsada por la administración Trump para reforzar las políticas contra los migrantes, que no solo afecta a quienes ingresan ilegalmente, sino también a aquellos que cometen delitos una vez dentro del país.
La ley ordena a los funcionarios federales que detengan a los migrantes no autorizados detenidos o acusados de allanamiento con fines delictivos, hurto, latrocinio, hurto en las tiendas, agresión a un agente de policía o delitos con resultado de muerte o lesiones corporales graves, que someterían a los migrantes a detención inmediata y posible deportación.
Una Ley Motivada por un Caso Trágico
La Ley Laken Riley lleva el nombre de una joven estudiante de enfermería de 22 años, Laken Riley, quien fue asesinada el año pasado por un inmigrante venezolano que cruzó ilegalmente la frontera de EE. UU. El hombre, a pesar de haber sido detenido en el pasado por un caso de hurto, no había sido arrestado antes del incidente, lo que motivó la creación de la ley. Este caso, según los legisladores republicanos, simboliza la necesidad de endurecer las políticas migratorias y actuar con firmeza contra aquellos migrantes que, tras ingresar ilegalmente, cometen delitos graves.
El proyecto de ley establece que los migrantes no autorizados que sean detenidos o acusados de ciertos delitos, como el allanamiento con fines delictivos, hurto, latrocinio, agresión a un agente de policía o delitos con resultado de muerte o lesiones graves, serán inmediatamente detenidos y enfrentados a un proceso de deportación.
Además, la ley amplía el poder de los fiscales generales estatales, quienes podrán demandar al fiscal general de EE. UU. o al secretario de Seguridad Nacional si un migrante comete un delito que cause daño a un estado o sus residentes. Esta disposición ha sido criticada por defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que le da a los gobernadores y fiscales generales estatales un control excesivo sobre las políticas federales de detención y deportación, creando un escenario de desigualdad en la aplicación de la ley.
