En medio de la presentación del informe «Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana» en Pasto (Nariño). El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo una advertencia contundente: la minería ilegal se está convirtiendo en el nuevo «combustible» para la expansión de grupos armados ilegales en Colombia.
El informe, que destaca la necesidad de proteger a los campesinos y mineros artesanales y ancestrales, señala que la disminución de los cultivos de coca está llevando a las estructuras criminales hacia negocios vinculados con la extracción ilícita de minerales, especialmente oro.
El Defensor del Pueblo resaltó que en el departamento de Nariño, antes conocido por el cultivo de coca, la expansión de las disidencias de las FARC ha llevado a un interés creciente en la explotación de oro. Esta situación ha desencadenado una serie de conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales, que ponen en peligro los derechos humanos de las comunidades locales.
La alianza entre el ELN, las disidencias de las FARC y las Autodefensas Unidas de Nariño para controlar territorios ricos en recursos naturales como el Triángulo del Telembí y la subregión de la cordillera nariñense ha generado una preocupación adicional. Estas áreas son escenario de más de 200 máquinas de explotación criminal, según informes de la Defensoría del Pueblo.
El cese al fuego entre el Estado Mayor Central (disidencia de las FARC) y estos grupos armados ilegales ha exacerbado las vulneraciones de derechos humanos, incluyendo la extorsión y el reclutamiento forzado de niños y niñas. Este contexto ha desplazado a miles de familias campesinas y ha sumido a comunidades enteras en la pobreza y el miedo.
El llamado del Defensor del Pueblo es claro: proteger a los campesinos y mineros es una prioridad que el Estado colombiano no puede ignorar. Se requiere una acción contundente para detener el avance de los grupos armados ilegales y salvaguardar la vida y la integridad de estas comunidades vulnerables.
Finalmente, se destaca la importancia de la integración de sistemas de información para analizar los riesgos asociados con actividades económicas como la minería ilegal, y la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre esta problemática a través de alertas tempranas.
La situación demanda una respuesta urgente y coordinada por parte del Estado y la sociedad colombiana para proteger los derechos humanos y combatir la expansión de la violencia y la criminalidad en las regiones mineras del país.
