La crisis e inestabilidad institucional por la que atraviesa el País, ha llevado a las diferentes fuerzas políticas, a buscar el espaldarazo de parte de organismos internacionales.
Se trata de un ejercicio valido y legítimo.
No obstante, los paradójico en este caso, es que contrario a lo que tradicionalmente ocurre, donde es la oposición, la que afectada por el avasallador gobierno de turno que lo aniquila y lo reduce a su mínima expresión, pone el grito en el cielo, para denunciar los desmanes y arbitrariedades que pueden estarse suscitando; en este caso, fueron voceros del mismo Gobierno Nacional del Presidente Petro, el que busco dicho espaldarazo en primera instancia.
Es así como una Comisión de Congresistas del Pacto Histórico el día jueves 8 de Febrero del presente año, visito Washington, con miras de interponer una denuncia ante el Secretario General de la OEA y la CIDH, sugiriendo que en Colombia se estaba gestando un golpe blando, y propiciando una ruptura institucional; también que Instituciones como la Corte Suprema de Justicia, se habría sustraído deliberadamente a elegir Fiscal general de la Nación, muy a pesar de que en ese momento, ni siquiera se le había terminado el periodo al saliente Fiscal Barbosa.
Vea la columna aquí:
En una salida absolutamente descontextualizada e inoportuna, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, expidió un comunicado en el cual censura y condena las presuntas “amenazas de interrupción de mandato Constitucional del Presidente Petro”. Dijo Almagro en su comunicado: “La OEA exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro quien fue debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial”.
Aunque no lo dice de manera explícita, si se infiere de forma implícita, que quienes representamos la presunta la oposición, estaríamos en ese propósito, lo cual no solamente no es cierto, sino que nos coloca en una situación especial de grave vulnerabilidad y riesgo, dado el emisor de tan falaz mensaje.
Claramente la oposición que representamos, no está interesada en interrumpir un mandato. Lo único que pretendemos, es evitar que se destruyan las instituciones, y que se cause el menor daño posible al país, durante los algo más de 29 meses que restan de periodo.
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Y mientras los representantes del Pacto Histórico expresaban sus quejas de manera pacífica en Washington, en la ciudad de Bogotá, ciudadanos manifestantes, exhortados a salir a las calles, por la misma tendencia política, asediaban la Corte Suprema de Justicia, porque en un segundo intento justamente el 8 de febrero de 2024, no había logrado el consenso requerido reglamentariamente para obtener la mayoría absoluta y producir la elección del Fiscal General de la Nación.
Puede que Almagro haya sido asaltado en su buena fe. Nadie está exento de equivocarse. Pero lo imperdonable, es que no se haya tomado el trabajo de auscultar integralmente la información disponible, y si se quiere, consultar la contraparte, antes de expedir el temerario comunicado.
El secretario general de la OEA, tratando quizás de remediar el craso error que había cometido, otorgo una cita 8 días después, el pasado jueves 15 de febrero a una Comisión integrada por 5 valerosos Congresistas del Centro Democrático, quienes le pusieron de presente al Secretario General de la OEA, que quien provoca una ruptura institucional es el Gobierno y no la Oposición; que los Golpes Blandos solo están en la imaginación del Presidente Petro; que quien afecta las instituciones, la independencia y la autonomía de las otras ramas del Poder Público, es el mandatario de los Colombianos y no quienes pensamos distinto, entre otras cosas.
Aunque se le abona al Secretario Almagro el que haya atendido a la oposición, y se haya dignado escuchar la otra cara de la moneda, esto es, la versión de quienes somos las víctimas y nos los victimarios; es claro que era lo mínimo que podía hacer. Claramente la prudencia con la que Almagro publicó el encuentro del 15 de febrero, debió ser la misma prudencia con la que debió pronunciarse en relación con la reunión celebrada 8 días antes.
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Mientras los pájaros le tiran a las escopetas, y quienes son victimarios posan de víctimas, es el mismo Presidente Petro quien vuelve a la carga tergiversando información como acostumbra, y decide darle una lectura y alcance distinto al que contiene el pronunciamiento emitido por la representación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado miércoles 14 de febrero del presente año.
Y es que, aunque el Presidente público dicho comunicado el cual expuso como un trofeo, sugiriendo en su cuenta de X que en el mismo se pedía por parte de dicho organismo la elección del Fiscal, se le paso por alto mencionar un aspecto allí contenido que me parece relevante por lo cual reproduzco a continuación. Se dice allí: “Así mismo, insta al poder ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso – refiriéndose al de la elección del fiscal- culmine sin interferencias”.
Siendo en este aspecto el comunicado un claro espaldarazo para la Corte Suprema de Justicia y no para el Presidente en cuanto a lo de la elección se refiere, de todas maneras, lamento y deploro que el famoso pronunciamiento:
1) No haya censurado ni reprochado, los graves y violentos hechos y desmanes que tuvieron lugar el jueves 8 de febrero de 2024, los cuales, mientras el Presidente Petro trato de minimizar, el Presidente de la Corte los califico de asedio, pues la corte fue sitiada.
2) Haya sugerido, que la autonomía y la independencia de la FGN se pone en entredicho, por falta de un Fiscal Titular, generando un debilitamiento de la Justicia; lo cual es contraevidente, no solo porque desde el mismo momento en que se produjo la terminación del periodo del Fiscal, la Vicefiscal asumió el cargo de fiscal general encargada, lo que significa que en momento alguno se produjo solución de continuidad: y además, porque en el pasado, la entidad ha estado incluso hasta 15 meses en interinidad, sin que se hayan producido los efectos que en el comunicado advierte.
3) Haya, según sus propios términos, “alentado”, al tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la FGN a la mayor brevedad posible, lo cual constituye una exhortación indebida e irrespetuosa, así como una intromisión que desborda el marco de sus competencias, la que, por amable que sea, no deja de ser desproporcionada, máxime si se tiene en cuenta que en el momento en el que se profiere el comunicado, apenas había transcurrido un día y unas pocas horas, desde el momento en el que se produjo que la vacancia del cargo. Se trató entonces de una reconvención, inoportuna e inconveniente.
Bajo este contexto, es claro que tanto la OEA y su CIDH, así como la ONU Y su representación del Consejo de Derechos Humanos, no solo deben ser más prudentes, sino también que deben evitar, dejarse provocar, por quienes a ellos si los alientan para que expidan comunicados descontextualizados, que llevan a muchos cada día mía más a considerar, que no se trata de órganos supranacionales e independientes, sino que se trata de voceros que lejos de cumplir la misión que se les confía, están claramente al servicio de una causa o tendencia ideológica.
