Proceso Judicial
En 2018, Pérez Bernier quedó en libertad tras una audiencia en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La defensa del exmandatario solicitó su liberación basándose en el artículo 317 de la Ley 906, que establece un límite de 300 días para funcionarios públicos sin que se dicte un fallo. El magistrado encargado de la solicitud determinó que se habían superado estos términos, otorgando así el beneficio de la libertad a Pérez Bernier mientras se desarrollaba el juicio en su contra.
El exgobernador, junto a varios funcionarios de su administración y contratistas, es acusado de haber incurrido en sobrecostos en la construcción y mejoramiento de 42 megacolegios en La Guajira, con un valor total superior a los 149 mil millones de pesos. La Fiscalía encontró indicios de facturación adulterada en los anticipos, lo que habría generado un detrimento económico al departamento de aproximadamente 22 mil millones de pesos.
En la primera audiencia de acusación, la Fiscalía detalló la participación directa y activa de Pérez Bernier en la celebración de estos contratos. Se señaló que, durante la elaboración de los documentos contractuales, el exgobernador favoreció a terceros, incluyendo a funcionarios públicos, contratistas y particulares, lo que constituye una grave violación de los principios de transparencia y eficiencia en la administración pública.
La audiencia de juicio, adelantada por la Corte Suprema de Justicia, busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Pérez Bernier y los demás implicados. La Fiscalía ha presentado pruebas que incluyen documentos contractuales, facturas presuntamente adulteradas y testimonios que revelan la red de corrupción que operaba en la administración del exgobernador.
Durante el juicio, la defensa de Pérez Bernier ha argumentado la falta de pruebas concretas que vinculen directamente al exmandatario con las irregularidades. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la participación de Pérez Bernier fue fundamental para la ejecución de los contratos fraudulentos, asegurando que su liderazgo y poder de decisión permitieron la materialización del desfalco.
Este caso refleja una problemática recurrente en varias regiones del país, donde los recursos destinados a la educación, alimentación y al bienestar de la comunidad son desviados.