La Fiscalía solicita medida de aseguramiento intramural tras imputarle cinco delitos que el exdiputado no aceptó. La audiencia se adelanta ante el Juzgado 14 Penal de Barranquilla y es transmitida por Focus Noticias.
Este lunes continúa la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro del segundo proceso penal que enfrenta por supuestas irregularidades cometidas durante su paso por la Asamblea del Atlántico. La diligencia, que se adelanta ante el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, es transmitida en directo por Focus Noticias y tiene como eje central la petición de detención intramural presentada por la Fiscalía.
La fiscal del caso, Lucy Laborde Betancourt, retomó este lunes la exposición de los argumentos para justificar la imposición de una medida privativa de la libertad, al considerar que existe riesgo de obstrucción a la justicia, posibles intentos de influir sobre testigos y gravedad de los hechos atribuidos al procesado. Esta audiencia se desarrolla después de que el ente investigador imputó formalmente cinco delitos, los cuales no fueron aceptados por Petro.
Durante la sesión previa, la Fiscalía había anunciado inicialmente seis conductas punibles, pero decidió retirar el delito de falso testimonio, tras concluir que su núcleo fáctico estaba comprendido dentro de la imputación por falsedad ideológica en documento público. Según la fiscal Laborde, mantenerlo como cargo independiente no era procedente dado que correspondía a los mismos hechos.
Los delitos imputados a Nicolás Petro en este nuevo proceso
De acuerdo con la formulación presentada por la fiscal Laborde, los cinco delitos que ahora enfrenta formalmente son:
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Peculado por apropiación
- Tráfico de influencias
- Falsedad ideológica en documento público
- Falsedad en documento privado
La investigación se centra en presuntas maniobras contractuales ejecutadas mientras Petro se desempeñaba como diputado del Atlántico. Según el ente acusador, el exdiputado habría influido en la designación de contratistas, promovido acuerdos irregulares mediante contratación directa y registrado información presuntamente falsa en sistemas oficiales, como el SIGEP, especialmente en lo relativo a experiencia laboral y antecedentes administrativos.
La exposición fiscal incluyó un apartes como el siguiente:
“Usted, señor Nicolás Fernando Petro, se interesó indebidamente en contratos de la Gobernación del Atlántico al direccionar la contratación directa hacia la Fundación Conciencia Social, con el propósito de solventar intereses personales y económicos suyos y de su esposa”, expresó la fiscal Laborde durante la audiencia.
Desarrollo de la audiencia y posiciones de las partes
La diligencia se reanudó este lunes para permitir que la Fiscalía exponga en detalle los elementos de convicción y los riesgos procesales que, según el ente investigador, justifican la detención en establecimiento carcelario. La fiscal Laborde argumentó que los hechos imputados revelan un patrón sistemático de uso de información pública, manejo de recursos y contactos institucionales con fines personales.
La defensa, por su parte, ha insistido en que el juez debe valorar la cooperación que Nicolás Petro ofreció en etapas iniciales del caso, así como su estabilidad familiar y residencia permanente en Barranquilla, para sostener que no existe riesgo de fuga. También argumenta que los hechos imputados carecen de sustento suficiente para justificar una medida intramural.
Se espera que durante la sesión el juez escuche las intervenciones de las partes, evalúe los requisitos para imponer una medida de aseguramiento y defina si adopta la petición de una detención carcelaria, una medida domiciliaria o si decide dejar al procesado en libertad con restricciones.
Reacciones y contexto político
El caso mantiene alto impacto mediático por tratarse del hijo del presidente de la República y por avanzar simultáneamente con otro proceso penal que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con ingresos presuntamente recibidos para la campaña presidencial de 2022. Este segundo expediente —el de Barranquilla— se concentra en actuaciones administrativas y contractuales que habría realizado como servidor público departamental.
El avance de esta nueva audiencia se produce en un ambiente de atención nacional, especialmente porque la Fiscalía insiste en la gravedad de las conductas imputadas y en la necesidad de que el procesado enfrente el proceso en establecimiento carcelario. La decisión final del juez podría adoptarse este mismo lunes, dependiendo del tiempo que tome el debate entre la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público.
Contexto del primer proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
En el otro proceso que enfrenta Nicolás Petro —por lavado de activos y enriquecimiento ilícito—, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, a cargo del juez Hugo Junior Carbonó, ordenó compulsar copias penales y disciplinarias contra varios funcionarios de la Fiscalía, agentes del CTI, abogados y la periodista Vicky Dávila, por presuntas irregularidades en el procedimiento de captura realizado el 29 de julio de 2023.
La decisión se adoptó tras el análisis de videos aportados por la defensa, en los que, según el juez, se evidenciaron posibles vulneraciones a derechos fundamentales durante el allanamiento en el que Petro fue capturado. Las imágenes mostraban al exdiputado y a su entonces pareja, Day Vásquez, en condiciones de intimidad que, según el despacho, contradecían los protocolos establecidos para proteger la dignidad humana y, particularmente, los derechos de una mujer gestante.
El juez también ordenó investigar al exfiscal del caso, Mario Burgos, señalando que la evidencia revisada “no era banal” y que existían suficientes elementos para que los órganos de control indagaran si hubo irregularidades en la diligencia y en el manejo de las grabaciones realizadas por funcionarios del CTI. Asimismo, dispuso compulsar copias para investigar a la periodista Vicky Dávila por la publicación del video en la revista Semana, al considerar que las imágenes vulneraban la intimidad del procesado y de su pareja.
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