Imputan cargos a abogada de Exparamilitares por presuntos vinculos con el ‘Clan del Golfo’

También fueron imputados los presuntos testaferros entre ellos un reconocido empresario

abogada Consuelo Ibeth Parra Velandia, quien es reconocida por defender exparamilitares y presuntamente vinculada ahora con el ‘Clan del Golfo’

Fiscalía imputa cargos a la abogada Consuelo Ibeth Parra Velandia, quien es reconocida por defender exparamilitares y presuntamente vinculada ahora con el ‘Clan del Golfo’. Es investigada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La abogado es socia de reconocidos arroceros, también es propietaria de millonarias propiedades que incluyen  haciendas, lujosos apartamentos e inversiones.

Parra Velandia de 44 años, fue capturada por miembros del CTI con apoyo del Ejército, sin embargo una juez de control de garantías declaró ilegal su captura violación del término de  las 36 horas establecidas por la ley y ahora la abogada enfrenta el proceso penal en libertad representada por el abogado Iván Cancino, quien ha dicho que el patrimonio de su defendida es producto de sus honorarios y de las utilizadades de sus empresas.
Los cargos contra Parra y otros los procesados Cristhian Camilo Uribe Álvarez, Andrea Catalina Ballestas Caro, Sergio René Páez Pedraza, Jairo Santiago Sedan Vidales, Yine Arlet Barrantes Bustos, Wilson Muñoz Ávila y Diego Calixto Guerrero Mariño son por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Entre los Procesados esta un miembro de una reconocida familia de arroceros y empresas agropecuarias.

Uno de los capturados en diciembre de 2023, es Jairo Santiago Sedan Vidales, miembro de una reconocida familia de arroceros. Sedan Vidales quien también es abogado figura como socio y director de  empresas dedicadas a inversiones inmobiliarias, ganaderas, avicolas  y adquisición de bienes en diferentes regiones de Colombia y en la zona de Orocué (Casanare).

Según la Fiscalía, Consuelo Parra invirtió más de 1.300 millones de pesos en la empresa de cria de pescado Fishcorp SAS, de propiedad del joven empresario Sedan Vidales, ademas de un crédito a la empresa por 3.000 millones de pesos para adquirir un terreno y ampliar la planta productiva, en sus argumentos la defensa del empresario aseguró que su cliente es un tercero de buena fe que había recibido una inversión  desconociendo la procedencia del dinero.

El ‘Clan del Golfo’ y la Operación ‘BRIKS’

La abogada Parra Velandia fue capturada como parte de la operación ‘BRIKS’, una acción que apunta a desmantelar las finanzas ilícitas del ‘Clan del Golfo’. La operación, dirigida por la Fiscalía 34 de la Dirección de Lavado de Activos en colaboración con el CTI, también resultó en la detención de otras siete personas, cuyos abogados también lograron que se declararan ilegales sus capturas.

Trayectoria de Consuelo Ibeth Parra Velandia

Parra fue funcionaria del CTI y se convirtió en una figura controvertida al ser abogada de exparamilitares de renombre, como Diego Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, y Daniel Rendón Herrera, conocido como ‘don Mario’ o ‘el Viejo’, condenados en Estados Unidos por narcotráfico. La abogada también sirvió como puente entre estas organizaciones ilegales y las autoridades judiciales, buscando acercamientos para posibles sometimientos.

A Parra le fue retirada la visa tras sus visitas a los jefes paramilitares, luego se convirtió en la apoderada  Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel y Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, quienes también fueron extraditados en el año 2022.

Consuelo Ibeth Parra formó parte del bloque Centauros de las autodefensas.

Vea las revelaciones hechas durante la audiencia aquí:

Operativo ‘BRIKS’ y Allanamientos

Simultáneamente a las capturas, la Fiscalía ordenó 18 allanamientos como parte de la operación ‘BRIKS’. Este proceso busca recopilar evidencia adicional que respalde las acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En total, se afectaron 320 bienes, incluyendo haciendas arroceras, ganaderías y otras empresas, valorados en más de 300.000 millones de pesos.

Red de testaferros