En el Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, Carlos Camargo Assis resalta el papel clave de la Defensoría del Pueblo en la protección de derechos humanos y la prevención de la corrupción.
En el marco del ‘Congreso Internacional de Derecho Disciplinario: Retos en la lucha contra la corrupción mundial’, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó la necesidad de un ordenamiento normativo disciplinario sólido como herramienta efectiva para combatir la corrupción. Según Assis, este enfoque garantizará la dignidad humana y el debido proceso, conduciendo a la protección de los derechos humanos desde las perspectivas de la prevención y la potestad sancionatoria.
La Defensoría del Pueblo, destacó Assis, desempeña un papel fundamental al advertir los impactos de la corrupción en los derechos de las personas, empoderar a las víctimas y colaborar con otras entidades estatales dedicadas a medidas anticorrupción. Subrayó que intentar socavar la institucionalidad, eliminando entidades cruciales en la lucha contra la corrupción, debilita la democracia en lugar de fortalecerla.
«Con un ordenamiento normativo disciplinario fuerte podremos construir una herramienta efectiva para combatir hechos de corrupción. De esta manera, será garantizada la dignidad humana del disciplinado y el debido proceso, ¿y a qué conducirá ello?, a la protección de los derechos humanos desde las ópticas de la prevención y de la potestad sancionatoria», afirmó Carlos Camargo Assis.
El Defensor del Pueblo resaltó la importancia de contar con un derecho disciplinario que asegure el correcto funcionamiento del Estado, donde los agentes actúen con legalidad y transparencia. También subrayó la necesidad de sancionar las conductas que atenten contra los deberes inherentes a la función pública.
En cuanto a las acciones de la Defensoría para proteger los derechos humanos en casos de corrupción, Assis mencionó la colaboración estrecha con otros órganos de control, como la Procuraduría General, y la creación de la Comisión Nacional del Ministerio Público. Esta comisión tiene como objetivo coordinar y articular acciones preventivas y disciplinarias para evitar riesgos contra las comunidades.
«Fortalecer la prevención y la respuesta rápida ante los riesgos y amenazas a los derechos fundamentales, así como desarrollar acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas dentro de las alertas tempranas que emitimos, seguirán siendo algunas de nuestras funciones esenciales», concluyó Carlos Camargo Assis.
