La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la grave situación que enfrentan aproximadamente 500 familias en la vereda Palmeiras, jurisdicción del municipio de San José del Fragua, debido al recrudecimiento de los combates entre grupos disidentes de las Farc.
Estas confrontaciones se deben a la disputa territorial entre el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, y la estructura Comandos de la Frontera, de la Segunda Marquetalia, ambos grupos disidentes de las Farc.
En el más reciente oficio emitido en febrero de 2024, la entidad nacional de derechos humanos resaltó el peligro para los residentes de la zona, subrayando que las comunidades no han podido salir de sus viviendas por temor a las acciones armadas y la presencia de cadáveres en las vías rurales.
“Nos preocupa que en el desarrollo de los enfrentamientos, las comunidades reportaron que no han podido salir de sus viviendas por temor a la agudización de las acciones armadas y por la presencia de cuerpos sin vida en las vías rurales”. Expresó Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.
La Defensoría advierte sobre la posibilidad de un desplazamiento forzado masivo hacia el casco urbano de San José del Fragua si los enfrentamientos continúan, lo que agravaría aún más la crisis humanitaria. En el oficio de febrero, la entidad ya había señalado los riesgos que enfrentan líderes sociales, comunales y campesinos debido al reacomodamiento territorial de los grupos armados ilegales en el sur del Caquetá.
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A través de su Regional Caquetá, la entidad ha mantenido contacto constante con el alcalde de San José del Fragua, líderes de la zona y el gobernador del departamento, quienes han alertado repetidamente sobre la difícil situación humanitaria, ante estos hechos la Defensoría realizó un consejo extraordinario de seguridad, en el cual se insistió en la necesidad de un comité de justicia transicional urgente para activar las rutas de atención para el posible desplazamiento masivo.
Finalmente, El Defensor del Pueblo hizó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para tomar medidas inmediatas que garanticen la seguridad y los derechos humanos de las comunidades afectadas, ya que la situación en Palmeiras es un claro recordatorio de la continua vulnerabilidad de las poblaciones rurales en áreas de conflicto y la necesidad de una intervención integral y coordinada para proteger a los ciudadanos.
