El Gobierno Nacional oficializó el retiro del servicio activo del brigadier general Edwin Urrego Pedraza, mediante el Decreto 0147, en el marco de la figura de “llamamiento a calificar servicios”, luego de que el presidente Gustavo Petrodenunciara un presunto complot para vincularlo con el narcotráfico y afectar un encuentro internacional.
La decisión se produce días después de que el mandatario expusiera públicamente el caso durante un Consejo de Ministros realizado en Montería, donde afirmó que existía un supuesto plan para interferir en su reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Decreto y fundamentos legales
El Decreto 0147, firmado el 11 de febrero de 2026 por el viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad encargado de las funciones del Ministerio de Defensa, Javier Andrés Baquero Maldonado, dispuso la separación del oficial del servicio activo.
La medida se adoptó conforme a lo establecido en la Ley 857 de 2003 y bajo la figura administrativa de “llamamiento a calificar servicios”, una causal prevista para oficiales que cumplen los requisitos para acceder a la asignación de retiro, sin que ello implique pérdida del grado.
De acuerdo con el documento, el general Urrego continuará vinculado a la respectiva pagaduría durante tres meses, en cumplimiento del artículo 145 del Decreto 1212 de 1990. La notificación quedó a cargo de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional de Colombia.
Denuncia del presidente
Durante su intervención ante el gabinete ministerial, el presidente Petro aseguró que existía una orden irregular para involucrarlo en un caso relacionado con narcóticos.
“Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tiene una orden extraña, que no le dimos nosotros, de llenar mi carro de narcóticos y evitar mi reunión con Trump. Eso me pone en alerta”, manifestó el jefe de Estado.
En esa misma intervención, el mandatario indicó que los hechos tendrían antecedentes desde octubre del año anterior y mencionó al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, en relación con las investigaciones.
Acciones legales anunciadas
Tras conocerse su retiro, el general Edwin Urrego anunció que iniciará acciones legales para controvertir las afirmaciones del presidente y la decisión administrativa adoptada por el Gobierno.
Según fuentes cercanas al oficial, su defensa buscará esclarecer los hechos y demostrar que no participó en ningún tipo de entramado para afectar al jefe de Estado.
Hasta el momento, no se ha informado sobre procesos judiciales formales en su contra ni sobre investigaciones disciplinarias en curso por parte de los organismos de control.
Trayectoria del oficial
Edwin Urrego Pedraza nació el 6 de septiembre de 1976 en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca. Ingresó a la Policía en 1996, tras graduarse como administrador policial en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander.
A lo largo de más de 31 años de servicio, desempeñó cargos estratégicos, entre ellos:
- Jefe de la Seccional de Policía Judicial en el Departamento de Policía Cauca.
- Jefe de investigación en la Dijín.
- Director de la Escuela de Investigación Criminal.
- Subdirector de la Dijín y director de Investigación Criminal e Interpol.
- Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
- Comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
Durante su carrera recibió 217 felicitaciones y 62 condecoraciones, en reconocimiento a su labor en investigación criminal, cooperación internacional y lucha contra el crimen organizado.
Alcance del “llamamiento a calificar servicios”
El retiro por llamamiento a calificar servicios es una figura administrativa que permite la salida de oficiales que cumplen los requisitos para su retiro, sin que ello constituya una sanción disciplinaria o penal.
Según la normativa vigente, esta medida no implica una declaración de responsabilidad, sino una decisión de carácter institucional basada en criterios administrativos.
Contexto institucional
La salida del general Urrego se produce en un momento de alta sensibilidad política y de seguridad, marcado por denuncias sobre posibles conspiraciones y por el debate sobre la protección del jefe de Estado.
Desde el Gobierno se ha reiterado que la decisión busca preservar la confianza institucional y garantizar la transparencia en las fuerzas de seguridad.
Entre tanto, las autoridades indicaron que continuarán evaluando la información relacionada con el presunto complot y que, de encontrarse méritos, los hechos serán puestos en conocimiento de las instancias judiciales competentes.
Por ahora, el proceso queda en manos de los organismos de control y de la justicia, mientras avanza el trámite administrativo del retiro y las acciones legales anunciadas por el oficial.