El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella prepara la radicación ante el Congreso de un nuevo estatuto antiterrorista que busca fortalecer las herramientas del Estado contra organizaciones armadas, redes de financiación criminal y delitos asociados al terrorismo. Sin embargo, la iniciativa ya genera respaldo y fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
La propuesta cuenta con más de 130 artículos y será presentada como una ley estatutaria, debido a que involucra aspectos relacionados con derechos fundamentales. Esto significa que deberá superar un trámite especial en el Congreso y posteriormente ser revisada por la Corte Constitucional.
¿Qué busca el estatuto antiterrorista?
La iniciativa pretende crear un marco jurídico integral para enfrentar a organizaciones consideradas terroristas, así como a sus integrantes, financiadores y redes de apoyo.
Uno de los objetivos centrales es fortalecer la capacidad del Estado para combatir economías ilegales y organizaciones armadas mediante herramientas administrativas, financieras, judiciales y de seguridad.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el proyecto contempla la creación de una lista oficial de organizaciones terroristas, de la cual se desprenderían varias consecuencias jurídicas y administrativas.
Además, señaló que uno de los focos principales será afectar las finanzas de esas estructuras ilegales.
Los principales puntos del proyecto
Entre las medidas más importantes incluidas en el borrador se encuentran:
Registro Nacional de Organizaciones Terroristas
Se crearía un listado oficial de organizaciones y actores considerados terroristas por el Estado colombiano.
La inclusión en este registro tendría efectos sobre bienes, contratos y actividades económicas de los involucrados.
Congelamiento de bienes y recursos
El proyecto contempla mecanismos para congelar activos, recursos económicos y bienes relacionados con las organizaciones incluidas en el registro.
Restricciones para contratar con el Estado
Las personas u organizaciones incorporadas al listado no podrían contratar con entidades estatales ni acceder a determinados subsidios o recursos públicos.
Creación de un Alto Comisionado contra el Terrorismo
La iniciativa propone la creación de una figura encargada de coordinar la estrategia nacional contra el terrorismo durante un período de cinco años.
Control sobre drones utilizados con fines ilícitos
Se establecen nuevos delitos relacionados con la fabricación, compra, transporte o utilización de drones para actividades terroristas.
Las penas podrían llegar hasta los 30 años de prisión.
Endurecimiento de penas
El proyecto también contempla aumentos en las sanciones por delitos como:
- Narcotráfico.
- Extorsión.
- Secuestro.
- Contrabando.
- Minería ilegal.
- Trata de personas.
- Ataques contra infraestructura crítica.
Delitos durante manifestaciones
Uno de los puntos que más debate ha generado es el que establece penas de hasta 42 años de prisión para quienes retengan, detengan, rodeen o desarmen a integrantes de la Fuerza Pública durante disturbios o manifestaciones violentas.
Beneficios por colaboración
El proyecto incluye reducciones de hasta el 60 % de la pena para quienes aporten información efectiva a las autoridades antes de una acusación formal.
Apoyo desde el Centro Democrático
La representante a la Cámara Ana Ligia Mora expresó respaldo a la iniciativa y aseguró que el país necesita fortalecer la autoridad del Estado frente al avance de estructuras delincuenciales.
Según la congresista, el estatuto permitirá establecer con mayor claridad los objetivos de la política de seguridad y facilitar procesos para quienes decidan abandonar actividades criminales y someterse a la justicia.
La dirigente también sostuvo que fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, el microtráfico y los atentados requieren respuestas más contundentes por parte de las instituciones.
Por su parte, voceros del Gobierno sostienen que la propuesta incluye procedimientos y mecanismos de revisión que buscan asegurar garantías jurídicas y evitar decisiones arbitrarias.
El reto en el Congreso
La discusión apenas comienza y se anticipa como uno de los debates más intensos de la legislatura.
Al tratarse de una ley estatutaria, el proyecto necesitará mayorías especiales y deberá superar un estricto examen constitucional antes de entrar en vigencia.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para enfrentar el terrorismo y debilitar las finanzas criminales, sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos anuncian que revisarán detalladamente el articulado para determinar su impacto sobre las libertades civiles, la protesta social y las garantías democráticas.