El Gobierno Nacional anunció este lunes un avance en la política de precios de los combustibles que podría traducirse en una **reducción de hasta 300 pesos por galón en el precio de la gasolina en Colombia a partir del 1 de febrero de 2026, una decisión que busca aliviar el gasto de millones de conductores y responde a una reconfiguración de la política energética y fiscal del país.
La decisión fue confirmada por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, tras semanas de análisis técnico y coordinación interinstitucional. Según informaron las carteras, la reducción del precio será gradual y progresiva, y se sustenta en el ordenamiento de las finanzas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y en condiciones favorables del entorno económico.
Deuda del FEPC y condiciones para la reducción
La rebaja se produce tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien indicó que el Gobierno logró saldar la deuda acumulada que mantenía el FEPC, un mecanismo que durante años se utilizó para amortiguar los impactos de los precios internacionales de los combustibles en los consumidores colombianos. Ante la eliminación de ese pasivo, el Ejecutivo aseguró que existen las condiciones para iniciar el ajuste de precios hacia la baja, de manera sostenible y responsable con las finanzas públicas.
Según el análisis oficial, factores como la apreciación del peso frente al dólar y la caída de los precios internacionales del petróleo han facilitado el ajuste a la baja del combustible, permitiendo que el precio interno de la gasolina se acerque más a los niveles del mercado internacional sin generar nuevas presiones fiscales.
¿Cómo impactará el ajuste en los precios?
De acuerdo con cálculos preliminares divulgados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y retomados por el Gobierno, los precios promedio de la gasolina en varias ciudades del país podrían reducirse aproximadamente en 300 pesos por galón con el nuevo esquema. En la capital, por ejemplo, esto implicaría un precio cercano a 16.191 pesos por galón, mientras en Medellín estaría alrededor de 16.112 pesos y en Cali en torno a 16.202 pesos, según proyecciones oficiales.
Las estimaciones proyectadas también incluyen otras ciudades principales como Barranquilla (15.826 pesos) y Cartagena (15.783 pesos) tras la reducción, reflejando el alcance del ajuste en distintas regiones del país.
Reacción oficial y próximos pasos
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que la reducción será coordinada con el Ministerio de Hacienda, garantizando que el proceso sea técnicamente sólido y no afecte la estabilidad macroeconómica. Insistió en que la disminución no será “ficticia”, sino el resultado de un análisis fiscal riguroso que permitirá aliviar el gasto de los consumidores sin deteriorar las cuentas públicas.
Por su parte, voceros del Ministerio de Hacienda han señalado que este ajuste forma parte de una estrategia más amplia orientada a alinear los precios internos de los combustibles con las condiciones del mercado global, tras varios años de incrementos que se habían reflejado en los costos de transporte y de bienes y servicios en toda la economía.
Expectativa en sectores productivos y consumidores
La noticia ha generado expectativa entre transportadores, familias y sectores productivos, para quienes el precio de los combustibles es un factor determinante en los costos operativos y en el nivel de vida. Un descenso de 300 pesos en el precio del galón podría traducirse en un alivio importante para los presupuestos de hogares y empresas, especialmente en un contexto de alta inflación y presiones de costos en diversos sectores.
Aunque el impacto concreto dependerá de cómo se aplique la reducción en las estaciones de servicio en todo el país, el Gobierno espera que el alivio comience a sentirse a partir del primer día de febrero de 2026, marcando un giro en la política de precios de combustibles después de meses de aumentos sostenidos.
Este ajuste se observa como uno de los primeros efectos tangibles de la política energética y fiscal del Gobierno, que busca equilibrar las finanzas públicas y ofrecer beneficios directos.