El oficial entregó una declaración ante la Fiscalía en la que pidió establecer si presuntas irregularidades en la contratación de la Policía podrían tener alguna relación con el homicidio y la tortura de su hijo, ocurrido en noviembre de 2024. También mencionó a exintegrantes de la cúpula policial y a un contratista.
A casi dos años de la muerte de Juan Felipe Rincón Morales, el caso que conmocionó a Bogotá vuelve a tomar un nuevo rumbo. El general William Rincón, padre del joven y quien estuvo al frente de la Policía Nacional hasta agosto de 2026, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar si un presunto esquema de corrupción relacionado con contratos de la institución podría tener alguna conexión con los hechos que terminaron con la muerte de su hijo.
La solicitud fue planteada por Rincón durante una declaración entregada ante la Fiscalía 46 Seccional de la Unidad de Administración Pública, despacho que adelanta una investigación relacionada con procesos contractuales de la Policía correspondientes a 2023 y 2024. Según la información conocida, el oficial había denunciado previamente presuntas irregularidades ante organismos de control.
Rincón pidió específicamente que se determine si existe una conexidad entre esos hechos de presunta corrupción y el homicidio y la tortura de Juan Felipe. Hasta ahora, esa posible relación hace parte de la solicitud de investigación del general y no constituye una conclusión judicial.
¿A quiénes mencionó el general William Rincón?
En su declaración, el oficial mencionó al entonces director de la Policía, general William René Salamanca, al general Nicolás Zapata, quien ocupaba la subdirección de la institución durante ese periodo, y al contratista Andrés Vanegas.
De acuerdo con el relato entregado por Rincón, existirían interrogantes sobre la participación de Vanegas en una parte importante de la contratación de la Policía mediante empresas y uniones temporales.
El general habló de un supuesto «monopolio contractual» y solicitó que se establezca si las relaciones personales entre algunos de los involucrados pudieron incidir en la adjudicación de contratos.
En la misma investigación contractual aparece, según la declaración, una auditoría de la Contraloría General de la República que habría advertido sobre contratos celebrados directamente con un solo proveedor, limitando la pluralidad de oferentes. La existencia de esta auditoría y sus alcances deben diferenciarse de la hipótesis de que esos hechos tengan alguna relación con el asesinato de Juan Felipe.
La hipótesis que plantea el general
Uno de los elementos centrales de la declaración es la percepción de Rincón de que, antes de la muerte de su hijo, existía preocupación dentro de la cúpula policial por la posibilidad de que él llegara a ocupar la Dirección General de la Policía.
Según su versión, en la institución circulaba la posibilidad de que pudiera suceder a Salamanca, debido, entre otros factores, a su trabajo relacionado con asuntos de paz.
El general considera que esa eventualidad pudo generar preocupación por la posibilidad de que se conocieran presuntas irregularidades contractuales.
Sin embargo, esa interpretación corresponde a la versión entregada por Rincón y deberá ser objeto de verificación por parte de las autoridades.
El encuentro con una coronel retirada
Dentro de los elementos que el general pidió revisar también aparece el nombre de la coronel retirada Fabiola Bejarano.
Según la declaración, meses antes de la muerte de Juan Felipe, Bejarano se habría reunido con Rincón en Bogotá y le habría solicitado priorizar el pago de aproximadamente $100 millones que la Policía le adeudaba por una acción judicial.
Rincón manifestó ante la Fiscalía que consideró que ese encuentro podía tratarse de un intento de ponerlo en una situación comprometida.
El general también mencionó que Bejarano está casada con Arnoldo Duarte, a quien relacionó con Edgar Sotelo Duarte, padre de Katherine Andrea Sotelo Torres y Andrés Camilo Sotelo Torres, dos de las personas procesadas en la investigación por la tortura de Juan Felipe.
La relación mencionada por Rincón es uno de los elementos que, según su versión, debería ser revisado por los investigadores. No constituye por sí misma prueba de participación en el crimen.
La extraña cita médica de agosto de 2024
Otro episodio que el general pidió tener en cuenta ocurrió el 15 de agosto de 2024, aproximadamente tres meses antes de la muerte de Juan Felipe.
Según su declaración, Salamanca lo citó a primera hora de la mañana en la Dirección General de la Policía y le habló de un supuesto amigo, pastor o gurú que habría tenido «visiones» relacionadas con la salud de varios generales.
Tres días después, Rincón acudió a una resonancia magnética en la empresa Rimab.
El general relató que fue anestesiado y que permaneció inconsciente durante varias horas. Aseguró que, al recuperar la conciencia, se encontraba intubado y acompañado por una teniente y su esposa.
Posteriormente, dijo haber solicitado su historia clínica y encontró que el procedimiento registrado tenía una duración aproximada de 20 minutos, mientras que él recuerda haber permanecido inconsciente durante cerca de nueve horas.
Rincón relacionó además a Rimab con el contratista Andrés Vanegas y pidió que estos hechos sean revisados dentro del contexto general de su denuncia.
¿Qué ocurrió con Juan Felipe Rincón?
Juan Felipe Rincón Morales tenía 21 años cuando murió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.
El joven era hijo del general William Rincón. Había vivido durante un periodo en Washington, Estados Unidos, donde trabajó como mesero, y posteriormente regresó a Colombia para continuar sus estudios de Lenguas Modernas. También tenía una importante presencia en redes sociales.
En las semanas anteriores a su muerte habría tenido contacto mediante redes sociales con una cuenta que, según la hipótesis posteriormente expuesta por la Fiscalía, habría sido utilizada para conducirlo hasta el lugar donde ocurrió la agresión.
Inicialmente, el caso estuvo rodeado por una versión según la cual Juan Felipe habría sido confrontado por personas que lo señalaban de haber tenido conductas sexuales con una menor de edad.
La familia del joven rechazó esa caracterización y sostuvo desde el comienzo que detrás de los hechos podía existir una acción planeada.
La mañana del 24 de noviembre
Según la reconstrucción presentada posteriormente por la Fiscalía, Juan Felipe llegó al barrio Quiroga acompañado de una adolescente.
La investigación sostiene que el joven habría sido llevado hasta ese sector mediante una serie de contactos y engaños previos.
Una vez en el lugar, se habría producido una agresión en la que participaron varias personas. La Fiscalía sostiene que Juan Felipe fue sometido a golpes y que posteriormente recibió un disparo.
En marzo de 2026, durante una audiencia de imputación, el ente acusador presentó una hipótesis según la cual los hechos no correspondieron simplemente a una riña espontánea, sino a un plan previamente coordinado para interceptar y agredir al joven.
La investigación por tortura
El expediente tuvo un nuevo giro en marzo de 2026, cuando la Fiscalía imputó a Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López y Solanggye Trujillo Devia por delitos relacionados con tortura, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de pruebas y soborno en actuación penal.
Posteriormente, Juan Sebastián Ávila Ochoa también quedó vinculado a la investigación.
Los procesados no aceptaron los cargos.
En abril de 2026, un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los cinco procesados. En mayo fueron materializadas las capturas que estaban pendientes de Andrés Sotelo y Yeimy Tatiana Vega.
En julio de 2026, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra los cinco procesados y quedó registrado que Juan Sebastián Ávila negociaba un eventual preacuerdo con el ente acusador.
¿Quién disparó contra Juan Felipe?
Uno de los puntos que durante meses generó mayor controversia fue determinar quién accionó el arma que terminó con la vida del joven.
La investigación estableció, según información conocida recientemente, que la pistola perteneciente al escolta de Juan Felipe era la única de las armas encontradas en la escena con capacidad para efectuar el disparo mortal.
Ese elemento llevó a la Fiscalía a solicitar en 2025 la preclusión de la investigación por homicidio contra Andrés Camilo Sotelo, debido a que el arma que este portaba no habría tenido capacidad para realizar el disparo.
Esto no significa que el resto de la investigación haya terminado. Por el contrario, la Fiscalía abrió y fortaleció otras líneas relacionadas con la presunta tortura, el supuesto engaño para llevar al joven al lugar, la utilización de menores y el posible ocultamiento o alteración de elementos de prueba.
La nueva solicitud del general
En este escenario, el General William Rincón considera que todavía existen preguntas sin resolver sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.
Por eso pidió a la Fiscalía investigar si los hechos que él ha denunciado en materia de contratación pública dentro de la Policía pueden estar relacionados con el homicidio y la tortura de Juan Felipe.
En su declaración, el general planteó que podría existir un «hilo conductor» entre diferentes acontecimientos ocurridos antes y después del crimen y pidió establecer si hubo un eventual acuerdo criminal.
La solicitud incluye, además, una petición de garantías para su seguridad.
Una investigación con varias líneas abiertas
El caso de Juan Felipe Rincón continúa teniendo diferentes frentes judiciales. Por un lado, está la investigación por la muerte del joven y las circunstancias en las que recibió el disparo; por otro, el proceso contra cinco personas por presunta tortura y otros delitos.
Ahora se suma una nueva solicitud del general William Rincón para que la Fiscalía determine si existe alguna relación entre esas investigaciones y las denuncias sobre contratación dentro de la Policía.
Por el momento, no existe una decisión judicial que establezca que las presuntas irregularidades contractuales fueron la causa o el móvil de la muerte de Juan Felipe. Lo que existe es una solicitud formal del general Rincón para que esa posible conexión sea investigada.
Será la Fiscalía, a partir de las pruebas que pueda recaudar, la encargada de establecer si las coincidencias señaladas por el oficial tienen o no relevancia penal.