En medio de una sesión del Consejo de Ministros realizada en Montería, Córdoba, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente un presunto complot en su contra, relacionado con su seguridad personal y con un supuesto intento de sabotear una reunión internacional.
Según el mandatario, existirían indicios de que se habría intentado introducir sustancias psicoactivas en su vehículo oficial con el propósito de afectar su imagen y comprometer su agenda diplomática.
Declaraciones en Consejo de Ministros
Durante su intervención ante el gabinete, el jefe de Estado afirmó:
«Hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente, no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra»
Petro agregó que este hecho lo mantiene en estado de alerta, al considerar que las supuestas irregularidades se habrían originado meses atrás:
“Eso me pone en alerta, porque eso viene desde octubre del año pasado”.
El presidente aseguró que el presunto plan buscaba impedir un encuentro con el entonces expresidente estadounidense Donald Trump, lo que, según él, tendría repercusiones en la política exterior del país.
El oficial señalado
Aunque el mandatario no mencionó inicialmente un nombre propio, fuentes oficiales y versiones periodísticas identificaron al general Edwin Urrego como el oficial al que hacía referencia.
Urrego ha ocupado cargos estratégicos dentro de la Policía Nacional, entre ellos:
- Director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín)
- Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla
- Comandante de la Policía en Cali
El alto mando defendió su trayectoria y destacó su experiencia en inteligencia, lucha contra el narcotráfico y desarticulación de estructuras criminales, así como múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera.
Respuesta del general Urrego
Tras las declaraciones presidenciales, el general negó de manera categórica cualquier vinculación con los hechos denunciados. En entrevista con Blu Radio, calificó los señalamientos como infundados.
“Nunca, eso para mí es una locura”, afirmó, al asegurar que no ha tenido contacto directo con el vehículo presidencial.
Urrego sostuvo que los protocolos de seguridad y el manejo de los automotores oficiales están bajo responsabilidad de la Casa Militar y no dependen de su cargo.
Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades:
“Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”.
El oficial señaló que, en sus más de tres décadas de servicio, ha superado diversas pruebas de confianza, incluso con agencias internacionales.
El allanamiento a Benedetti
Otro punto mencionado en la entrevista fue un allanamiento realizado en noviembre de 2025 a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia, Atlántico.
Durante el Consejo de Ministros, Petro indicó:
“Tiene que ver con usted… le allanó su casa, era para eso”.
Frente a esto, Urrego explicó que como Comandante de esta región el procedimiento respondió a una orden judicial y que su función se limitó a brindar apoyo logístico y de seguridad:
“No podía ni oponerme. Mi deber era brindar el apoyo que hubiesen pedido”.
Aclaró además que no tuvo conocimiento previo del objetivo de la diligencia debido a la reserva legal.
Investigaciones y reacciones
Fuentes cercanas a la Policía señalaron que no se descarta la intervención de estructuras criminales interesadas en afectar la reputación del oficial. Recordaron que Urrego lideró operaciones contra organizaciones armadas y redes de narcotráfico en distintas regiones del país.
Por su parte, el Gobierno no ha confirmado hasta el momento si existe una investigación formal en curso por parte de la Fiscalía u otros organismos de control.
Mientras el mandatario insiste en la existencia de un posible complot, el general Urrego mantiene su postura de inocencia y solicita que los hechos sean esclarecidos por vías judiciales.
El caso continúa en desarrollo y se espera que las autoridades competentes determinen si existen pruebas que respalden las denuncias o si se trata de un malentendido sin fundamento legal.