La Superintendencia de Subsidio Familiar enfrenta un llamado urgente del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, para revisar y resolver la situación de 11 cajas de compensación familiar que llevan entre seis y 11 años intervenidas bajo medidas cautelares administrativas. Entre las cajas afectadas se encuentran Comcaja, Comfacor en Córdoba y Comfamiliar en Cartagena.
El Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación ante la falta de un debido proceso sancionatorio previo a la implementación de estas medidas, las cuales deberían ser temporales y proporcionales, según lo estipulado en el Decreto 2595 de 2012 y la Resolución 629 de 2018 de la Superintendencia. Camargo Assis señala que, al no existir un parámetro temporal definido en la ley, las medidas cautelares se han prolongado indefinidamente, afectando gravemente a las cajas intervenidas.
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Las medidas aplicadas, aunque supuestamente provisionales, han resultado en la separación de los directores y miembros de los consejos directivos de las cajas, sin que estos conozcan los cargos específicos imputados ni tengan oportunidad de defenderse adecuadamente. Esto ha llevado a una afectación de sus derechos laborales y reputacionales, contraviniendo los principios de proporcionalidad y gradualidad en el ejercicio de potestades correctivas.
En su declaración, Camargo Assis insta a la Superintendencia a revisar las actuaciones internas y determinar qué cajas han cumplido con los planes de salvamento que justificaron las intervenciones. En los casos donde se haya demostrado cumplimiento, sugiere que las cajas sean devueltas a sus titulares, los trabajadores colombianos, quienes son los legítimos beneficiarios de estas entidades.
El Defensor del Pueblo también hace un llamado para evaluar el desempeño de los interventores y directores designados por la Supersubsidio, quienes no han logrado cumplir con las tareas de salvamento en los plazos establecidos. «Las medidas que se adopten deben estar enmarcadas en rangos mínimos y elementales de proporcionalidad y gradualidad en el ejercicio de potestades correctivas», enfatiza Camargo Assis, advirtiendo contra la toma de decisiones definitivas bajo la figura de medidas cautelares.
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Finalmente, subraya la necesidad de garantizar un debido proceso y respetar los derechos al trabajo y al buen nombre de los directivos de las cajas de compensación familiar, promoviendo así una actuación más justa y transparente por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar.
