La Contraloría General de la República presentó el estudio sectorial “Legalización y Formalización Minera, 2017 – 2024”, en el que reconoció avances en los procesos de formalización minera en Colombia, pero también alertó sobre rezagos estructurales que limitan el impacto de las políticas públicas en el sector.
De acuerdo con el informe, entre 2019 y mayo de 2024 más de 28.200 mineros fueron formalizados a través de 840 procesos, en el marco de estrategias lideradas por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia. Estos avances han permitido reducir el uso de mercurio, impulsar la formación en buenas prácticas y aumentar el recaudo de regalías.
No obstante, el organismo de control señaló que el país enfrenta serias limitaciones. Una de ellas es la ausencia de un censo minero actualizado, pues el último se realizó en 2011 y reveló que, de 102.742 mineros censados, 64.727 operaban sin permisos. Desde entonces, no se ha hecho un nuevo estudio integral, y el propio Plan Único de Legalización y Formalización Minera de 2023 reconoce que la cifra está desactualizada y ha crecido con el tiempo.
El informe también advierte sobre los retrasos en la resolución de solicitudes de legalización y formalización, algunas pendientes desde hace más de una década, producto de los constantes cambios en la normativa minero-ambiental. Esta situación ha generado inseguridad jurídica y desincentivado la entrada de los mineros informales a la legalidad.
La Contraloría resaltó que los mecanismos más efectivos para la formalización han sido los subcontratos y contratos de operación, que dependen directamente de la voluntad de los titulares mineros. Ejemplos exitosos se han registrado con Aris Mining en Antioquia y Caldas, y con Acerías Paz del Río en Boyacá, procesos que lograron formalizar a más de mil mineros tradicionales.
El estudio enfatiza que la formalización no puede abordarse de manera aislada, pues persisten problemas como la inseguridad en las regiones mineras, la limitada capacidad institucional y la falta de financiación para los pequeños productores. Estos factores siguen siendo barreras estructurales para consolidar una minería legal, segura y sostenible.
La Contraloría concluyó que, si bien las metas oficiales han sido en parte cumplidas e incluso superadas, es necesario asumir compromisos más ambiciosos, fortalecer la articulación entre las entidades del sector y superar los retos pendientes que aún impiden la consolidación de una verdadera política de formalización minera en el país.
