La Contraloría General de la República ha llevado a cabo un estudio que arroja luz sobre las graves deficiencias del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en Colombia.
Según este análisis, el mal diseño de este mecanismo ha generado importantes déficits que han costado al país aproximadamente $100 billones a precios constantes de 2023, incluyendo los intereses generados por Títulos de Tesorería (TES), desde su implementación.
Estos déficits, que se espera sean corregidos durante la actual administración, han tenido un impacto negativo, ya que se desviaron cuantiosos recursos que originalmente deberían haberse destinado a inversiones gubernamentales para subsidiar los combustibles. Esto contradice el propósito original del FEPC.
El informe también sugiere que se requieren sacrificios, como aumentos más significativos en los precios internos de los combustibles y una posible revisión o eliminación del fondo. Se destaca la necesidad de establecer una política a largo plazo y mejor diseñada en lugar de soluciones coyunturales.
Uno de los efectos inesperados del mal funcionamiento del FEPC ha sido la necesidad de que Ecopetrol declare altos dividendos para sanear el fondo con las ganancias de la empresa petrolera. Esto ha reducido la disponibilidad de recursos de inversión para los programas de la empresa y ha obligado a emitir bonos de deuda, aumentando los niveles de endeudamiento.
El informe indica que, según el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, el desmonte del FEPC no ocurrirá al menos en el corto plazo, pero se espera un rediseño de su funcionamiento y una prioridad en la extinción de déficits para evitar que se acumulen aún más.
La Contraloría sugiere que el desafío de eliminar los déficits del FEPC depende de la implementación de una nueva metodología para fijar los precios de los combustibles por parte del gobierno nacional, lo cual requerirá tiempo y esfuerzo. La reducción gradual y constante de los precios internos para igualarlos a los precios de referencia internacionales se ve como una forma de eliminar los déficits, pero se enfatiza la necesidad de una política constante y a largo plazo en lugar de soluciones temporales.
El estudio concluye que el FEPC se ha convertido en un instrumento ineficaz e ineficiente para controlar las volatilidades en los precios internos de los combustibles líquidos. Se sugiere que sería más beneficioso para el país si los precios internos se ajustaran de manera más cercana a los mercados internacionales, evitando así la necesidad de recurrir al endeudamiento o al presupuesto nacional para subsanar los déficits.
La Contraloría General de la República está a la espera de que el gobierno defina un nuevo esquema que aborde estos problemas y se compromete a analizarlo en su momento.
