La Fiscalía solicitó que Nicolás Petro Burgos sea sancionado con cinco días de arresto por no comparecer de manera presencial a las audiencias preparatorias del juicio que enfrenta por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La petición fue presentada por la fiscal Lucy Laborde, quien cuestionó los argumentos entregados por la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro para asistir de forma virtual. Según la Fiscalía, Petro Burgos ha alegado razones de seguridad y dificultades para viajar por su inclusión en la llamada “lista Clinton”, pero el ente acusador señaló que existen registros de desplazamientos a ciudades como Cartagena y Santa Marta.
La fiscal también pidió que la misma sanción cobije al abogado defensor Alejandro Carranza, al considerar que se habría incumplido la orden judicial de realizar las diligencias de forma presencial para evitar problemas técnicos durante el proceso.
Durante la audiencia, la Fiscalía mencionó publicaciones en redes sociales de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, que mostrarían al exdiputado del Atlántico en distintos lugares del país. Además, aseguró que, mediante requerimientos al Club Naval de la Armada Nacional en Cartagena, se confirmó que Petro Burgos ingresó en varias oportunidades a ese lugar después de su inclusión en la lista OFAC.
El juez del caso indicó que la solicitud no será resuelta de inmediato en audiencia, sino mediante un trámite escrito. Por ello, pidió a la Fiscalía presentar formalmente el incidente para correr traslado a las partes y decidir si impone una medida correccional o si exonera a los señalados.
La audiencia preparatoria continuará los días 7 y 8 de mayo, cuando el despacho definirá cuáles pruebas serán admitidas para el juicio.
Contexto
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso se originó tras señalamientos sobre dineros que habría recibido durante la campaña presidencial de 2022. La defensa ha insistido en que existen dificultades logísticas, financieras y de seguridad para que Petro Burgos asista presencialmente a las diligencias, mientras la Fiscalía sostiene que esas razones deben ser verificadas dentro del proceso.