La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Diego Marín Buitrago, conocido como alias “Papá Pitufo” o “El Viejo”, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, por supuestamente pagar dádivas a funcionarios públicos para favorecer actividades relacionadas con el contrabando en el país.
Según la investigación, Marín Buitrago habría sido el cabecilla de una red que cooptó a funcionarios de diferentes entidades e integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), con el propósito de facilitar el ingreso, tránsito y comercialización de mercancías ilegales en el territorio nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, el procesado fijó montos mensuales de 3,5 millones de pesos para patrulleros y 5 millones de pesos para oficiales, a cambio de omitir controles y apoyar las operaciones de contrabando.
Las pruebas recaudadas indican que alias “Papá Pitufo” habría realizado cuatro pagos directos de sobornos a uniformados de la Policía Nacional, y habría direccionado otros 17 pagos a través de sus colaboradores, entregando dinero en efectivo, vehículos de alta gama y hasta un apartamento en Cartagena (Bolívar) que fue puesto a disposición de un oficial de la Polfa.
Una audiencia marcada por la reaparición del acusado
La audiencia de acusación, transmitida por Focus Noticias, fue presidida por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá y se desarrolló de manera virtual.
Durante la diligencia, Marín Buitrago —detenido actualmente en Portugal— reapareció sorpresivamente tras haber sido declarado en rebeldía meses atrás. Su conexión virtual generó expectativa, pues se trata de uno de los personajes más señalados en los últimos años por presuntos vínculos con el contrabando y la corrupción en entidades estatales.
La Fiscalía expuso que el procesado habría liderado una estructura que operaba desde los puertos de Cartagena y Buenaventura, y que entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 entregó más de 1.019 millones de pesos en sobornos a miembros de la Polfa y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para garantizar el paso de cargamentos de cigarrillos, licores, textiles y calzado sin control aduanero.
“Era el líder de una organización criminal que buscaba cooptar a servidores públicos mediante la entrega de dádivas como dinero, automotores y equipos de comunicación, para que omitieran sus funciones de control aduanero”, señaló la jueza durante la audiencia.
Proceso judicial y contexto
Aunque su extradición fue autorizada por el gobierno de Portugal, el traslado a Colombia aún no se ha concretado debido a que Marín Buitrago solicitó asilo político ante las autoridades portuguesas. Sin embargo, la justicia colombiana ha continuado con el proceso gracias a la declaratoria de contumacia, figura que permite avanzar judicialmente cuando un procesado se encuentra fuera del país.
Por disposición del juez especializado que conoce el caso, la audiencia preparatoria de juicio comenzará en febrero de 2026.
El presidente Gustavo Petro se ha referido en varias ocasiones a Diego Marín Buitrago como uno de los principales “zares del contrabando” en Colombia, y ha denunciado sus presuntas conexiones con funcionarios de la DIAN, miembros de la Policía Aduanera y otras áreas del Estado.
Con esta acusación formal, la Fiscalía busca demostrar la existencia de una red criminal dedicada a corromper a funcionarios públicos y fortalecer la lucha institucional contra el contrabando y la corrupción administrativa en el país.
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