Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó una declaración contundenteque desmiente una de las narrativas más repetidas por los críticos de la política de Seguridad Democrática: la idea de que los falsos posi tivos fueron una política oficial del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Según Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, aunque existieron patrones que incentivaron estas prácticas bajo la búsqueda de resultados operacionales, dichas conducta no formaban parte de los lineamientos de la Seguridad Democrática.
La magistrada indicó que, al contrario de lo que se ha sugerido, esta política – la de seguridad democrática – establecía como indicadores de éxito no solo las bajas en combate, sino también capturas, desmovilizaciones, ausencia de secuestros, extorsiones y retenes, mejoras en inteligencia y otros factores más sofisticados. Díaz señaló que la Seguridad Democrática expresamente indicaba que “las bajas no son lo más importante”, una afirmación que echa por tierra las acusaciones de que esta política incentivó crímenes como las ejecuciones
extrajudiciales.
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Esta revelación pone en entredicho el relato promovido por sectores políticos y instancias como la Comisión de la Verdad, que en su informe final responsabilizó a la Seguridad Democrática de propiciar los denominados falsos positivos mediante un sistema de disposiciones legales y extralegales emanadas desde el Gobierno de la época. ¿Cómo es posible que la JEP y la Comisión de la Verdad, instituciones que trabajaron juntas en la investigación de estos hechos, ofrezcan versiones tan divergentes? Estás incoherencia y contradicciones, generan dudas sobre la veracidad de los informes y sobre el impacto que pueden tener los mismos en la construcción de la memoria histórica del país. Además, preocupa que estas narrativas sesgadas se estén promoviendo como contenido educativo obligatorio en las instituciones del país, como parte de un esfuerzo de la Comisión de la Verdad por garantizar que su versión sea la que predomine en la historia oficial. Este intento
de imponer una interpretación ideológica de los hechos amenaza con distorsionar la percepción de futuras generaciones.
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Uno de los aspectos más polémicos ha sido la cifra de 6.402 víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008, presentada por la Comisión de la Verdad. De hecho, recientemente fue la misma JEP, la que habló de un listado de 1.934 víctimas confirmadas. Claramente se trata de hechos
graves. Así fuera una sola víctima o dos, los hechos no dejan de ser graves. Pero tan grave es ello, como crear una narrativa falsa, donde queda claro que las cifras iniciales eran infladas y no correspondían a una investigación rigurosa. La disparidad entre las cifras no es un detalle menor.
La inflación de los números iniciales fue utilizada para promover una narrativa específica que buscaba desprestigiar al Gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad Democrática. Ahora, al evidenciarse que las cifras reales son mucho menores, queda al descubierto el uso político de este tema. Es fundamental que las narrativas que se transmitan sean fieles a los hechos y no a intereses ideológicos o políticos. La contradicción entre las declaraciones de la JEP y los informes de la Comisión de la Verdad deja en evidencia que, aún hoy, “ la verdad” también es un terreno disputado en Colombia.
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¿Cómo asegurar que las futuras generaciones conozcan los hechos sin distorsiones? Esa, esa es la pregunta que debemos responder como sociedad para evitar que los errores del pasado se utilicen como herramientas de manipulación política en el presente y en el futuro.
